Dos denuncias por torturas cada día Canal Solidario, 21 de junio de 2010
http://www.canalsolidario.org/noticia/dos-denuncias-cada-dia-donde-y-quien-tortura-en-espana/24052
El sábado 26 de junio se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Una media de dos denuncias diarias por tortura durante los últimos seis años muestran que la persistencia de la tortura es fruto de la impunidad que la ampara.
Informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y otras ONG, de los distintos Relatores de la ONU, del Comité para la Prevención de la Tortura y del Comité Contra la Tortura (CAT), además de las condenas de los Tribunales españoles y del Tribunal Europeo de DDHH, muestran que la tortura subsiste y crece en España.
Informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y otras ONG, de los distintos Relatores de la ONU, del Comité para la Prevención de la Tortura y del Comité Contra la Tortura (CAT), además de las condenas de los Tribunales españoles y del Tribunal Europeo de DDHH, muestran que la tortura subsiste y crece en España.
Hemos hablado con Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que nos ha hecho una radiografía de la tortura en el Estado español.
¿Dónde y quién tortura en el Estado español?
La denuncia por práctica de la tortura está generalizada en todos los cuerpos policiales y funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad. Existen denuncias, y condenas, contra agentes del cuerpo nacional de policía, guardia civil, policías locales, policías autonómicas (mossos d´esquadra, ertzaintza, policía foral de Navarra...), funcionarios de prisiones, personal de centros de menores y militares.
En cuanto al lugar donde se producen, hay denuncias y condenas en todas las comunidades autónomas del Estado, así como en todo tipo de dependencias donde existen personas privadas de libertad (cárceles, comisarías y cuartelillos, centros de menores...).
Igualmente existen numerosos casos de agresiones en el momento de la detención, en la calle, en descampados a los que se ha trasladado ilegalmente a algunas personas detenidas antes de ser llevadas a las comisarías, así como en los vehículos policiales durante los traslados de los detenidos.
En cuanto al lugar donde se producen, hay denuncias y condenas en todas las comunidades autónomas del Estado, así como en todo tipo de dependencias donde existen personas privadas de libertad (cárceles, comisarías y cuartelillos, centros de menores...).
Igualmente existen numerosos casos de agresiones en el momento de la detención, en la calle, en descampados a los que se ha trasladado ilegalmente a algunas personas detenidas antes de ser llevadas a las comisarías, así como en los vehículos policiales durante los traslados de los detenidos.
¿Existen pruebas?
Existen pruebas de estas agresiones. No solo los testimonios de las personas agredidas, sino también los testimonios de testigos de las agresiones. Existen los partes médicos que acreditan la realidad de las lesiones sufridas… En ocasiones contamos con grabaciones de las agresiones, por cámaras de videovigilancia o grabaciones de particulares que han observado lo ocurrido,… y también, en ocasiones, muy pocas lamentablemente, existe el testimonio de funcionarios públicos que confirman la veracidad de la denuncia. No es la falta de pruebas el problema, sino la actitud de los jueces y fiscales ante las denuncias por tortura.
Existen pruebas de estas agresiones. No solo los testimonios de las personas agredidas, sino también los testimonios de testigos de las agresiones. Existen los partes médicos que acreditan la realidad de las lesiones sufridas… En ocasiones contamos con grabaciones de las agresiones, por cámaras de videovigilancia o grabaciones de particulares que han observado lo ocurrido,… y también, en ocasiones, muy pocas lamentablemente, existe el testimonio de funcionarios públicos que confirman la veracidad de la denuncia. No es la falta de pruebas el problema, sino la actitud de los jueces y fiscales ante las denuncias por tortura.
¿Quién investiga estas torturas?
Los delitos de tortura deberían ser investigados por jueces y fiscales, quienes deben por imperativo legal actuar rápida y eficazmente ante cualquier indicio de tortura o maltrato. Por desgracia, como han denunciado reiteradamente los organismos internacionales de Derechos Humanos, por ejemplo el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en el último informe publicado sobre el Estado español, la actuación de jueces y fiscales contra la tortura deja mucho que desear.
De hecho el Estado español ha sido condenado tanto por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como por el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por no investigar suficientemente las denuncias por tortura, o por retraso inaceptable en las investigaciones de estos delitos.
El Estado español ha sido condenado por el Tribunal de Estrasburgo, por el Comité Contra la Tortura de la ONU y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por no investigar suficientemente las denuncias por tortura
En la práctica, son las asociaciones de Derechos Humanos y las personas agredidas quienes, en la mayoría de los casos, impulsan la investigación de las agresiones en los tribunales de Justicia.
También existe la posibilidad de que las agresiones por parte de los funcionarios sean investigadas por la propia administración (Ministerio del Interior, etc.). son muy pocas las investigaciones internas que han sido trasladadas a los Juzgados. En todo caso estas investigaciones internas están supeditadas, o deberían estarlo, a la investigación judicial de los hechos denunciados.
De hecho el Estado español ha sido condenado tanto por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como por el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por no investigar suficientemente las denuncias por tortura, o por retraso inaceptable en las investigaciones de estos delitos.
El Estado español ha sido condenado por el Tribunal de Estrasburgo, por el Comité Contra la Tortura de la ONU y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por no investigar suficientemente las denuncias por tortura
En la práctica, son las asociaciones de Derechos Humanos y las personas agredidas quienes, en la mayoría de los casos, impulsan la investigación de las agresiones en los tribunales de Justicia.
También existe la posibilidad de que las agresiones por parte de los funcionarios sean investigadas por la propia administración (Ministerio del Interior, etc.). son muy pocas las investigaciones internas que han sido trasladadas a los Juzgados. En todo caso estas investigaciones internas están supeditadas, o deberían estarlo, a la investigación judicial de los hechos denunciados.
En las denuncias de las víctimas aparecen amenazas de muerte de los agentes con pistolas, cuchillos, azotes en las plantas de los pies con látigos, golpes en la cabeza, patadas, puñetazos e insultos, incluso estando esposadas, ¿es una tendencia que va a más o son “casos aislados”?
La Coordinadora para la Prevención hace público un informe anual en el que se da cuenta de entre 600 y 700 denuncias por tortura y/o malos tratos al año. Analizando estos casos (más de 7.000 en la última década) vemos que las agresiones o amenazas con cuchillos o los golpes con látigos son casos aislados y muy raros, al menos en cuanto a los casos conocidos por la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura.
Sin embargo las otras formas de agresión son muy comunes, si bien la inmensa mayoría de las agresiones que se producen son golpes con las manos, puñetazos y patadas a los detenidos, incluso cuando ya están esposados y tumbados en el suelo. Igualmente son muy habituales los insultos de todo tipo y las amenazas. Las amenazas de muerte con pistolas o revólveres también se han dado, si bien en menor medida.
La Coordinadora para la Prevención hace público un informe anual en el que se da cuenta de entre 600 y 700 denuncias por tortura y/o malos tratos al año. Analizando estos casos (más de 7.000 en la última década) vemos que las agresiones o amenazas con cuchillos o los golpes con látigos son casos aislados y muy raros, al menos en cuanto a los casos conocidos por la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura.
Sin embargo las otras formas de agresión son muy comunes, si bien la inmensa mayoría de las agresiones que se producen son golpes con las manos, puñetazos y patadas a los detenidos, incluso cuando ya están esposados y tumbados en el suelo. Igualmente son muy habituales los insultos de todo tipo y las amenazas. Las amenazas de muerte con pistolas o revólveres también se han dado, si bien en menor medida.
¿Por qué hay tan pocas penas condenatorias sobre los autores de las torturas?
Hay muchas razones, pero podemos resumirlas en la ‘utilidad’ de la tortura y los malos tratos para el Estado, tanto para las fuerzas de policía como para algunos jueces. A ello hay que sumar el corporativismo de los funcionarios policiales, o de instituciones penitenciarias, que dificulta, cuando no imposibilita, identificar a los responsables de la agresión; la actitud de los responsables políticos (tanto a nivel estatal como local) de apoyo a los funcionarios denunciados, y la política de ocultación por parte de los medios de comunicación.
El apoyo de los ciudadanos europeos a la tortura está aumentando de forma importante, son relativamente habituales manifestaciones de apoyo explícito a su práctica, incluso a su legalización para supuestos de terrorismo
Por otra parte, lamentablemente, el apoyo de los ciudadanos europeos a la tortura está aumentando de forma importante, siendo relativamente habituales manifestaciones de apoyo explicito a su práctica, incluso a su legalización para supuestos de terrorismo.
El apoyo de los ciudadanos europeos a la tortura está aumentando de forma importante, son relativamente habituales manifestaciones de apoyo explícito a su práctica, incluso a su legalización para supuestos de terrorismo
Por otra parte, lamentablemente, el apoyo de los ciudadanos europeos a la tortura está aumentando de forma importante, siendo relativamente habituales manifestaciones de apoyo explicito a su práctica, incluso a su legalización para supuestos de terrorismo.
ONG como SOS Racismo, Médicos del Mundo y Ferrocarril Clandestino han denunciado reiteradamente la práctica de torturas en los CIE. ¿Sufre más torturas la población inmigrante?
Hay una gran dificultad en conocer la incidencia real de la tortura y/o los malos tratos a personas privadas de libertad. Sabemos que existen casos denunciados que nunca llegan a conocimiento de la Coordinadora. Hay que tener en cuenta que los casos que la Coordinadora conoce anualmente se acercan a los 1.000 casos, pero una tercera parte, o más, de estos no se recogen en los informes por falta de datos suficientes para contrastarlos debidamente o, en muchos casos, por petición expresa de la persona agredida que, por temor a represalias u otras causas, nos pide que no incluyamos ni hagamos referencia a su caso de ninguna forma o bajo ningún concepto.
Finalmente, sabemos que son muchas las agresiones policiales que no se denuncian, muchas veces por miedo a represalias, como ya se ha dicho. Esta situación afecta a los sectores sociales más desfavorecidos: presos, personas detenidas por pequeños delitos contra la propiedad o tráfico de drogas… pero también afecta y en gran medida a los migrantes, tengan o no sus situaciones administrativas reguladas.
Es habitual que una denuncia contra los agentes policiales se vuelva en contra del migrante agredido, que se verá contradenunciado por atentado, por resistencia, etc.. lo que derivará en la apertura de un expediente de expulsión (tenga o no regularizada su situación) por aplicación de la ley de Extranjería. Es por ello que son muchas las personas migrantes que optan por no denunciar y silenciar la agresión sufrida.
A pesar de estas dificultades, la coordinadora tiene conocimiento de que, al menos, una media de 100 personas migrantes denuncia anualmente haber sido agredidas por agentes policiales (como ya se dijo, todos los cuerpos policiales se han visto denunciados por estas prácticas, y existen sentencias condenatorias contra agentes de todos estos cuerpos policiales).
Hay una gran dificultad en conocer la incidencia real de la tortura y/o los malos tratos a personas privadas de libertad. Sabemos que existen casos denunciados que nunca llegan a conocimiento de la Coordinadora. Hay que tener en cuenta que los casos que la Coordinadora conoce anualmente se acercan a los 1.000 casos, pero una tercera parte, o más, de estos no se recogen en los informes por falta de datos suficientes para contrastarlos debidamente o, en muchos casos, por petición expresa de la persona agredida que, por temor a represalias u otras causas, nos pide que no incluyamos ni hagamos referencia a su caso de ninguna forma o bajo ningún concepto.
Finalmente, sabemos que son muchas las agresiones policiales que no se denuncian, muchas veces por miedo a represalias, como ya se ha dicho. Esta situación afecta a los sectores sociales más desfavorecidos: presos, personas detenidas por pequeños delitos contra la propiedad o tráfico de drogas… pero también afecta y en gran medida a los migrantes, tengan o no sus situaciones administrativas reguladas.
Es habitual que una denuncia contra los agentes policiales se vuelva en contra del migrante agredido, que se verá contradenunciado por atentado, por resistencia, etc.. lo que derivará en la apertura de un expediente de expulsión (tenga o no regularizada su situación) por aplicación de la ley de Extranjería. Es por ello que son muchas las personas migrantes que optan por no denunciar y silenciar la agresión sufrida.
A pesar de estas dificultades, la coordinadora tiene conocimiento de que, al menos, una media de 100 personas migrantes denuncia anualmente haber sido agredidas por agentes policiales (como ya se dijo, todos los cuerpos policiales se han visto denunciados por estas prácticas, y existen sentencias condenatorias contra agentes de todos estos cuerpos policiales).
El pasado año el Estado pidió una prórroga a la ONU para la puesta en marcha del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), ¿se ha avanzado?, ¿sigue sin que haber legislación al respecto?
La situación actual supone un retroceso importante en la lucha contra la tortura en el Estado español. El Estado en contra del criterio de todas las asociaciones contra la tortura y de la sociedad civil que habían participado en el proceso iniciado en el año 2006, designó en octubre de 2009, a la Oficina del Defensor del Pueblo como mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo que, a nuestro criterio, supone desactivar de hecho las posibilidades de implementar en el Estado español un verdadero mecanismo de prevención de la tortura.
Por otra parte, casi un año después, no se ha desarrollado el reglamento interno del Mecanismo ni la constitución del que denominan “Consejo Asesor” del MNPT, sin embargo las manifestaciones de los responsables de la Oficina del defensor del Pueblo en el acto de presentación del MNPT, en mayo de 2010 en el Senado, no hace presagiar nada bueno al respecto.
Por otra parte, casi un año después, no se ha desarrollado el reglamento interno del Mecanismo ni la constitución del que denominan “Consejo Asesor” del MNPT, sin embargo las manifestaciones de los responsables de la Oficina del defensor del Pueblo en el acto de presentación del MNPT, en mayo de 2010 en el Senado, no hace presagiar nada bueno al respecto.
¿Cambiaría la situación la instalación de cámaras de vigilancia en las zonas de detención y reclusión?
El problema no es tanto la instalación de cámaras de grabación en las zonas de reclusión, sino la gestión de las grabaciones.
Si son los mismos funcionarios encargados de la custodia de las personas privadas de libertad, o sus compañeros, los encargados de decidir si una actuación policial grabada debe o no enviarse a los Juzgados; si el plazo de conservación de las grabaciones no remitidas a los Juzgados es de uno o dos meses… de poco servirá la instalación de esta cámaras.
Por otra parte, sea cual sea la forma de instalarlas, siempre existirán zonas en las que no podrá instalarse una cámara, por respeto a la intimidad del detenido, servicios, etc…, y ‘zonas ciegas’, donde no alcanza la cámara, en las que puede continuarse la agresión. Son numerosos los testimonios de personas agredidas que narran como los funcionarios, antes de golpearles, les llevan a zonas donde o bien no hay cámaras, o bien son ‘puntos ciegos’.
El problema no es tanto la instalación de cámaras de grabación en las zonas de reclusión, sino la gestión de las grabaciones.
Si son los mismos funcionarios encargados de la custodia de las personas privadas de libertad, o sus compañeros, los encargados de decidir si una actuación policial grabada debe o no enviarse a los Juzgados; si el plazo de conservación de las grabaciones no remitidas a los Juzgados es de uno o dos meses… de poco servirá la instalación de esta cámaras.
Por otra parte, sea cual sea la forma de instalarlas, siempre existirán zonas en las que no podrá instalarse una cámara, por respeto a la intimidad del detenido, servicios, etc…, y ‘zonas ciegas’, donde no alcanza la cámara, en las que puede continuarse la agresión. Son numerosos los testimonios de personas agredidas que narran como los funcionarios, antes de golpearles, les llevan a zonas donde o bien no hay cámaras, o bien son ‘puntos ciegos’.
¿Podemos hacer algo desde la sociedad civil para acabar con la tortura?
La labor de la sociedad civil es fundamental para erradicar la tortura. Tanto de las organizaciones de defensa de Derechos Humanos, como de los ciudadanos individualmente. La prevención y erradicación de la tortura es un problema de voluntad política y por eso es importante que nos unamos, por ejemplo, a campañas de presión.
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