miércoles, 23 de septiembre de 2009

Silencio oficial ante el terror fascista

"Falange y Tradición" asume 26 actos de terror fascista
Ha amenazado a personas de izquierda y atacado monumentos antifascistas

"Falange y Tradición" ha asumido en un comunicado la autoría de más de 25 actos de terror fascista en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa en los que se ha amenazado a personas que vincula con el independentismo y el comunismo, y atacado monumentos en recuerdo a las víctimas del franquismo, como el del monte San Cristóbal.

Así, junto a diversos homenajes a "los caídos" (fascistas, falangistas o policías), se responsabiliza de actos de terror fascista o amenazas, desde octubre de 2008 a agosto de 2009 en localidades navarras como Aitzoain, Arguedas, Artika, Baztan, Bera, Elizondo, Lesaka, Iruñea-Pamplona, Bidankoze o Tudela, además de un ataque en Doneztebe a una exposición sobre el islam, y en Orkoien la "limpieza" de una calle dedicada "a la criminal" comunista "Pasionaria".

Además, dice en un comunicado, "las Falanges Vascongadas de Falange y Tradición dan la bienvenida al nuevo Gobierno Regional Vascongado del Sr. López, reivindicando públicamente" acciones similares en municipios de la CAV, entre los que cita Getxo, Irún y Oiartzun.

"Tradición y Falange" asume asimismo un "aviso por carta –una bala- a la separatista etarra Sonia Polo, chupinera mayor de las fiestas de Bilbao", y un "homenaje al patriota General Galindo en la tumba de dos criminales separatistas etarras (felizmente fallecidos) en Tolosa".

Este grupo de terror fascista, que se define como "movimiento patriota español", dice que su objetivo es instaurar en el Estado español un régimen político "verdaderamente cristiano y nacional" y para ello actuará "con los medios que considere precisos en cada momento y lo hará especialmente contra los enemigos jurados de la patria", que son, según el citado grupo, "el separatismo terrorista, el comunismo criminal y el liberalismo anticristiano".


Algunos objetivos del terror fascista:
*Arguedas-Tutera
Artefactos caseros estallaron en el gaztetxe Zisko Bardenero y la herriko.
*Tolosa
Atacado el monolito por Joxean Lasa y Joxi Zabala, en el que se hicieron pintadas de apoyo a Rodríguez Galindo, condenado por secuestrarlos y matarlos. Dicen que se trató de «un homenaje» al general.
*Iruñea-Artika-Bidangoze
Se destrozaron monolitos por las víctimas del franquismo. En el caso de Artika, en el mismo cementerio se hicieron pintadas vejatorias para víctimas, citadas con nombre y apellido.
*Doneztebe
Se atacó con pintadas racistas una exposición sobre el Islam. En algunas se usó el euskara de la zona, igual que en los sabotajes de Bortziriak.
*Orkoien
Las pintadas aparecidas en mobiliario urbano y vehículos se justifican como un acto de «limpieza» de una calle dedicada a «la criminal comunista `Pasionaria'».
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Reportaje en www.cambioydebate.com
Guerra sucia: ¿conexión en Guadalajara?
Muchos ciudadanos del resto del Estado desconocen o ubican erróneamente la situación geográfica de Guadalajara. Los que la conocen la asocian con los productos apícolas y poco más. Pero lo que la mayoría desconoce es que Guadalajara ha sido y es un punto muy importante en la organización de la llamada “Guerra Sucia” y el terrorismo de Estado. De hecho, en los últimos meses han trasladado su residencia a la capital y alrededores, al menos 6 miembros de la extrema-derecha que no mantienen ningún vínculo con sus correligionarios locales, y entre los que se encuentran cuadros bien entrenados o vigilantes de seguridad privada.
En la actualidad, el panorama de la extrema derecha en la provincia, es un panorama disperso y que carece de un organigrama para un trabajo de masas. Sus miembros más jóvenes de la ciudad suelen ser poco más que veinteañeros con la mitad de edad mental, y que desconocen el significado de la mayoría de frases que pintan en las paredes, y que generalmente su ideología nacionalsocialista acaba en dos asaltos.
Pero sin embargo, reducir la actividad fascista en Guadalajara a lo que solamente son los “grupos de calle” es disparar muy bajo, dado que la extrema derecha tiene en esta provincia un fuerte amparo institucional y social.
Desde las preparatorias golpistas que se realizaron en la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares, durante los años 70 y 80 hasta la actualidad, Guadalajara ha sido un buen destino para el desarrollo de planes de terrorismo de Estado donde estarían implicados civiles y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
De hecho, la ubicación de los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) en la capital, responde precisamente a un criterio de seguridad donde, sin especiales medidas, podría estar localizado el mayor cuerpo de élite de la policía española.
Las tramas de la llamada “lucha antiterrorista” en España han pasado por varias etapas y diferentes estadios de desarrollo. Diferentes cuerpos armados del Estado, civiles, militares o paramilitares han trabajado desde finales de los años 60 y principios de los 70 (que coincide con la fecha de creación del SECED, Servicio de Inteligencia Militar en 1972) en la eliminación física de opositores y de determinados activistas y militantes de la disidencia política en España, con un enrevesado esquema de organizaciones y siglas que, parapetadas ideológicamente en la extrema derecha, recibían órdenes directas e indirectas de responsables políticos del Estado.
La prestigiosa revista francesa La Lettre de L´Expansion, fuente reconocida internacionalmente por la veracidad de sus investigaciones sobre cuerpos policiales y militares, destapó el pasado mes de agosto una trama donde presuntamente el Centro Nacional de Inteligencia estaría detrás de un proceso de infiltración de la fuerza política vasca Nafarroa-Bai (coalición de varias organizaciones vascas con el objetivo de implantar una fuerte corriente nacionalista en el territorio navarro), con el fin de evitar que ésta alcanzara una serie de cuotas políticas.
Es evidente que esas estructuras paralelas siguen en pie.
España ha sido considerada por sus habitantes como un territorio en el cual sus etapas políticas han tenido un carácter fijo y muy redundado en las fechas que los cuadernos de Historia oficial suelen marcar. Para muchos, el periplo español en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comienza con el propio Tratado de adhesión de España. Sin embargo, hay que retroceder atrás en el tiempo para entender qué consecuencias tenían una serie de hechos en los que las decisiones más trascendentales para el Estado eran decididas fuera de él.
Y para entender el terrorismo de Estado a día de hoy, entender su génesis y su desarrollo ulterior, hay que entender qué ocurría en Europa en aquellos años. Las estructuras militares de la OTAN desarrollaban una feroz campaña de tensión anticomunista que incluía asesinatos selectivos y otros indiscriminados con el fin de justificar levantamientos militares fascistas y desatar un clima de terror conocido como la “estrategia de la tensión” y que se ejecutó a través de una tupida red de servicios secretos de países europeos que colaboraron en menor o mayor medida con ella: la “Red Gladio”.
Así ocurrió en Grecia (con el “Golpe de los coroneles” 1967-1974), Italia (operaciones de terrorismo del SISMI -servicio de inteligencia italiano-), Portugal (que enviaba mercenarios europeos para la represión de los movimientos de liberación de sus colonias en África) y España, que aunque no formaba oficialmente parte de la OTAN, sus oficiales gozaban de un status privilegiado en esta red. Una investigación del Profesor de la Universidad Complutense de Madrid Juan José Alcalde afirma la vital importancia que tuvo un ex Presidente del Gobierno español en tiempos de Franco en la obtención de información, reclutamiento y protección de mercenarios de todo el continente para la represión de la disidencia y colaboración con la filial española de Gladio (”Red Quantum”): el almirante Luís Carrero Blanco.
La muerte de Carrero Blanco a manos de la organización armada vasca ETA, ha levantado muchas suspicacias y rumores sobre las múltiples “manos negras” que había tras la ejecución del atentado contra el almirante. Una de las más difundidas por los sectores de izquierda que posteriormente celebraron los acuerdos para el mantenimiento de la estructura económica y política del régimen franquista (Pactos de La Moncloa) a cambio de su legalización, era que la muerte de Carrero era un golpe de mano de los propios EEUU y de la Comisión Trilateral para facilitar la caída del régimen fascista una vez muerto Franco.
Esta sería la teoría que posteriormente y durante la transición el PCE esgrimió continuamente ante la posibilidad de que las acciones armadas de ETA y su repercusión no solo en el País Vasco, afectaran a otras partes del territorio del Estado y que su posición de interlocutor ante el franquismo se viera mermada. Pero los hechos objetivos son que el propio Carrero Blanco era un hombre fundamental para los EEUU, entre otras cosas porque la dureza de Carrero era el antídoto que Kissinger necesitaba contra la posibilidad de que en España ocurriera lo mismo que en Portugal en 1974 (Revolución de los Claveles), circunstancia que los EEUU ya tenían prevista, y donde pretendían imponer soluciones al estilo griego o turco (con regímenes militares).
El propio Carrero y la política exterior española habían dado un buen ejemplo de cómo enfrentar una descolonización sin guerra y manteniendo el control económico, como se hizo en Guinea-Ecuatorial.
Kissinger relata en sus memorias que en sus entrevistas con Franco, éste ya le había trazado su hoja de ruta para después de su muerte, y era restablecer la monarquía y hacer una pequeña apertura una vez desactivada la agitación social. La pérdida de Carrero fue tan lamentada por las estructuras militares del régimen español, que a principios de 1975 se dio orden exclusiva de liquidar a los militantes de ETA que participaron en su muerte, entre ellos el histórico dirigente José Miguel Beñarán “Argala”, muerto por el Batallón Vasco Español en 1978 en la localidad vasco-francesa de Anglet. La teoría difundida por el PCE en aquel entonces se contraponía a que Carrero no era ningún obstáculo para los planes del post franquismo.
La “Estrategia de la tensión” en España
En el mes de junio, el abogado Juan Manuel Olarieta (colaborador de Cambio y Debate), junto al periodista José Luís Morales y el militante del Socorro Rojo Internacional Erlantz Cantabrana, elaboraron un reportaje sobre una de aquellas operaciones elaboradas por la doctrina Gladio: el atentado de la cafetería California 47, un atentado contra un punto de reunión habitual de ultraderechistas (donde ninguno resultó muerto) y donde en un juicio plagado de irregularidades, se adjudicó la autoría a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero Octubre (GRAPO), y donde la considerada autora material (a pesar de que los testigos de los hechos señalaron a un hombre), la militante antifascista Carmen López Anguita, permanece hoy de nuevo en prisión. Carmen cumplió por estos hechos 20 años de reclusión y fue sometida a salvajes torturas.
Era evidente que el sentido de aquellos acontecimientos era condicionar a la opinión pública para facilitar la consolidación del plan estratégico que EEUU quería aplicar. Era indudable que el proyecto norteamericano para España era el mismo que para otros Estados iberoamericanos o europeos, pero a diferencia de éstos, con lo que no contaban en EEUU era con la anuencia de una oposición más proclive a insertarse en el régimen que a luchar contra él, lo que de alguna manera da la razón a Kissinger en lo publicado en sus memorias, y señala la aplicación casi en un cien por cien de la hoja de ruta elaborada por el franquismo.
Grupos Antiterroristas de Liberación
Siendo oficialmente una suerte de “milicia ciudadana” que luchaba contra la desintegración de España, siendo ejecutada ésta por comunistas y separatistas, fue realmente y tal y como se demostró en juicios posteriores, un cuerpo armado del Estado que, siguiendo el “esquema Gladio” tenía como fin consolidar el dominio político y militar sobre aquellas zonas y territorios que fueran especialmente conflictivos en cuestiones de índole social, territorial o económico, y contra aquellas organizaciones y movimientos que repercutieran negativamente en la estabilidad política del Estado.
Estaba formada por policías, guardias civiles, militares y miembros civiles reclutados entre organizaciones de extrema derecha, donde éstas últimas fueron las artífices de las operaciones que menos tenían que involucrar al sistema, aquellas en las que el Estado actuaba pero sin comprometerse directamente, siendo ésta la mejor manera de evitar problemas de Ley o de Constitución, que a la postre servirían para que los únicos condenados por estos delitos fueran miembros de bajo rango de la estructura del Estado, dejando impunes numerosas responsabilidades que recorrieron transversalmente a prácticamente todas las instancias políticas, parlamentarias y judiciales.

Investigación en 2002 de la revista Kale Gorria
En el año 2002, una información transmitida por un miembro del Servicio de Información de la Guardia Civil a la revista vasca Kale Gorria, y la posterior investigación de ésta destapó la creación por parte del Estado de un grupo especial formado por militantes de Falange Española que tendría como eventual objetivo la eliminación física de entre treinta y cuarenta militantes de la izquierda abertzale en un plazo de dos años, y por el que la revista editó el documental: “Guerra sucia: el regreso de los falangistas”.
Pero lo más sorprendente fue que meses después, el ex ministro franquista y hoy Presidente de Honor del Partido Popular Manuel Fraga, aclaró sin ambigüedades que “esos movimientos se volverán a dar, se está gestando un movimiento similar” [en referencia a los GAL, a los que denominó como “movimiento de autodefensa”] (1).
Aquella investigación abortó la operación que estaba siendo dirigida por un oficial de la Guardia Civil madrileño conocido como “Manu”, tras la denuncia presentada por la revista en los tribunales, con todas las pruebas gráficas, así como su difusión en una conferencia de prensa en la localidad vasco francesa de Baiona, que solamente fue cubierta por medios de comunicación franceses y algunos medios vascos. Ninguno español.
La conexión guadalajareña
Los grupos paramilitares que operaban en los años 70 y 80, que junto a organizaciones e individuos vinculados a las Fuerzas de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas (los que fueron conocidos como GAL verde, azul y marrón -en referencia al color de los cuerpos que los dirigían-) se llevaron centenares de muertos, sin que se pueda especificar un número concreto, dado que no existen cifras oficiales y las víctimas no son consideradas “víctimas del terrorismo”, mantienen algunas diferencias respecto a los hechos que ahora analizamos y a los grupos que descubrieron los periodistas de Kale Gorria.
En los últimos meses han trasladado su residencia a Guadalajara al menos seis militantes de extrema derecha, que sin oficio conocido, han tenido oficios variados que van desde entrenadores físicos hasta vigilantes de seguridad o aspirantes a Policía. En el año 2007, el periodista del diario Nueva Alcarria Raúl Conde, publicaba en su blog “La Garlopa”: “La tradición ultraderechista en Alcalá nació durante la Transición. En los cuarteles militares existían puestos de tropa (cabos, sargentos…) que controlaban a grupos de jóvenes que derivaron en activistas violentos. De Alcalá se ha ido extendiendo a Guadalajara de forma periódica.”
Pero lo más llamativo es que, a pesar de mantener estos ultras contacto con organizaciones fascistas y haber realizado éstas actividad semi-pública en Guadalajara, no mantienen contacto directo con ellas. En algunos casos están trabajando puntualmente en temas de seguridad para algunos empresarios locales, pero sin que sea una actividad prolongada en el tiempo. Pero además, ha sido significativo el contacto que al menos dos de ellos mantienen con algunos agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. Esta averiguación, que pudiera parecer producto de una minuciosa tarea de investigación, ha sido obtenida de la simple observación de algunos movimientos en establecimientos hosteleros. Como es lógico, y a diferencia de varios de estos agentes, los colaboradores de Cambio y Debate son menos distraídos, o por el contrario, tienen menos interés en ser discretos.
Guadalajara ha sido y es una provincia donde las estructuras económicas y políticas han variado muy poco con el paso del tiempo. La mayoría de sus dirigentes han sido ajenos a operaciones de travestismo político, y los antiguos franquistas han permanecido más o menos inmutables a los cambios cosméticos que ha sufrido el Estado en los últimos treinta años, situación que ha tenido su último episodio respecto a la decisión municipal de no eliminar el callejero franquista de la capital, cuya noticia fue recogida incluso por el diario británico Daily Telegraph.
¿Se está preparando desde nuestra ciudad una nueva etapa de “guerra sucia”?
Las palabras de Manuel Fraga, la presencia de personas asociadas tanto a la extrema derecha como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un cierto apoyo social a la solución de conflictos políticos por esta vía, así como el “re-desembarco” de dos organizaciones ultras hace unos meses, parecen indicar que sí, que los ultras no tendrían especiales dificultades para hacer de Guadalajara su campo de maniobras.
En junio de 2008, este diario publicó un Editorial referente a estos hechos. Una operación que comenzaba en el marco de una manifestación en defensa de los espacios okupados, donde más de una decena de agentes de paisano de la Policía Nacional se apostaban en los alrededores del lugar de comienzo de la manifestación, para observar como cinco ultras agredían a tres chicas que estaban esperando al comienzo de la marcha en la que sorprendentemente no había ninguna unidad de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios). Éstos esperaron a pocas decenas de metros a que los ultras terminaran su trabajo para que, una vez fuera del lugar y con una precisión en los tiempos digna de una perfecta coordinación, se colocaran en los alrededores de la marcha, todo esto ante la atenta mirada del Jefe Provincial de Información.
Pero aquella operación, enormemente chapucera por su visibilidad, y porque varios de los ultras resultaron gravemente heridos tras intentar atacar dos horas después el antiguo Centro Social Okupado “El Nido”, indicó que los mimbres de la ultraderecha de la provincia eran bastante pobres para la tarea que se estaba gestando. Ya en 2009, Falange, que ha reivindicado varios atentados durante el verano de 2009 en el País Vasco, y el recientemente fundado Movimiento Patriota Socialista (considerado por otras organizaciones de ultraderecha como una filial del Centro Nacional de Inteligencia español), se manifestaron en el mes de abril en la capital con una abrumadora presencia de personas que provenían de otras ciudades y donde iba a hacer escena Ricardo Sáenz de Ynestrillas, que en su momento se le vinculó con la muerte del parlamentario de Herri Batasuna Josu Muguruza y de las heridas de bala al abogado Iñaki Esnaola (aunque los cambios en la declaración del Policía Nacional Ángel Duce terminaron por exculparle). El Movimiento Patriota Socialista había protagonizado un mes antes un intento de manifestación en el popular barrio madrileño de Vallecas, donde sus militantes exhibieron cascos e indumentaria de la Policía Nacional. De alguna manera, las organizaciones ultras están preparando un clima de tensión, que si bien no se manifiesta de la misma manera que en el esquema Gladio, facilita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tomar medidas de excepción, controlar a activistas políticos y militantes, realizar seguimientos y sujetar a un férreo control a los movimientos sociales. En el caso de Ynestrillas, los reporteros de Kale Gorria demostraron cómo los preparativos de los atentados que estaban preparando falangistas y miembros de la Guardia Civil, habían sido precedidos de una campaña de tensión donde él mismo, junto a organizaciones ultras y plataformas como “Basta Ya” iban señalando las futuras víctimas de la represión estatal y paraestatal.
Ese “movimiento de autodefensa” del que hablaba Fraga necesita componentes bien preparados, y salvo algunas excepciones, no existen en esta provincia ultras de ese tipo. El traslado de ultras a la capital y alrededores responde a esa idea, aunque eso no impide que estas tareas gocen de complicidades institucionales o comerciales de la propia provincia.
Estos grupos armados que se están entrenando en Guadalajara desde hace unos meses lo hacen en función de la ausencia de perturbaciones que van a tener en su trabajo, y prueba de ello son las innumerables facilidades que autoridades judiciales y policiales han dado a varios ultras para reducir los efectos de las condenas o simplemente la ausencia de medidas represivas a toda su actividad (2).
Pero pensar que estas funciones se hacen con el fin de eliminar físicamente a la disidencia organizada de la propia provincia no respondería a un criterio lógico (aunque no es descartable), sino que sería la opción de continuidad de una forma de terrorismo de Estado inconclusa, que tendría como objetivo hacer evidentes los cambios políticos que se están proclamando en algunos territorios, donde se está apostando por la salida militar a los conflictos latentes, concretamente en el País Vasco.
Pero no hay que descartar que estos grupos paralelos mantengan un trabajo subterráneo en la represión de movimientos sociales, que estén aumentando en importancia y número ya sea en forma de apuñalamientos, atentados o asesinatos.
“Los policías José Amedo y Michel Domínguez no pueden ser considerados terroristas porque su conducta no se encaminaba a destruir el orden democrático, sino más bien a defender su estabilidad, aunque por métodos jurídicamente repudiables”.(3)

1- “¿Un nuevo GAL?”Gara 15-11-2002
2- “El agresor ultra del Chinaski no volverá a prisión” (El Tribunal Supremo revisó la sentencia y la aumentó a cinco años, obligando al agresor a volver a prisión, pero seis meses después comenzó a cumplir la pena en régimen abierto).
3- Fragmento de la sentencia contra los Policías José Amedo y Míchel Domínguez dictada por la Audiencia Nacional en 1991. Fueron condenados a 108 y 110 años de prisión. Ambos salieron en libertad a los 12 años de cárcel, de los cuales seis los cumplieron en régimen abierto. En el año 2000, ningún implicado en el terrorismo de Estado quedaba ya en prisión.

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