miércoles, 29 de julio de 2009

Manifestación

ITALIA

ITALIA:No sólo “rondas”. Las nuevas cruzadas
Del A.S. (F.I.E.S. español) a las más que posibles ilegalizaciones

Escrito por el Abogado Giuseppe Pelazza
Traducción: Betta Lasagna (S.R.I.)

Julio 09

Del nuevo artículo 41 bis al ataque contra la libertad de asociación – Las normas del “Paquete seguridad” de las que no se habla.

Es sin duda comprensible, porque se trata de una cuestión importantísima, que los comentarios y las protestas relativas a la aprobación del diseño de ley sobre la seguridad (o enésimo “paquete seguridad”) se hayan centrado en el tema de la inmigración (delito de inmigración clandestina, prolongadísima permanencia en los campos de detención administrativa, etc.), o incluso sobre el tema de las llamadas “rondas”.

Pero, incluidas en esta ley, existen otras disposiciones que también merecen una elevada atención y sobre las que, sin embargo, existe un absoluto silencio, probablemente no por casualidad.
Y es de algunas de estas normas de las que quiero ahora ocuparme rápidamente, aún siendo consciente de que será indispensable una plena y total profundización del contenido, y del significado, de esta ley.

1) El artículo 41 bis del Reglamento Penitenciario ha sido nuevamente modificado con un grave aumento de las restricciones. La misma agencia ANSA, con fecha del pasado 18 de mayo, escribía que el ministro Alfano había declarado: “Las nuevas normas del 41 bis… son fortísimas, y se ha hecho el máximo, en los limites de la Constitución” (y si lo dice él…).
O sea, ahora está previsto que “los detenidos sometidos al régimen especial de detención deben ser recluidos en institutos exclusivamente dedicados a ellos, situados preferiblemente en áreas insulares... vigilados por secciones especializadas de la policía penitenciaria”.
Las visitas se reducen de dos a una al mes. La (posible, sólo posible) comunicación telefónica mensual ahora es alternativa a la visita “de persona”. La escucha y la registración del audio, de solamente posibles se convierten ahora en obligatorias bajo la forma de la “video registración”.
Se pone un límite a las comunicaciones con el abogado (no más de tres a la semana y de duración, cada una, no superior a la de la comunicación con los familiares). En el patio sólo podrán estar un máximo de cuatro personas, y por un máximo de dos horas al día, con la “absoluta imposibilidad de comunicar entre detenidos pertenecientes a diferentes grupos de clasificación” e incluso “el intercambio de objetos y el cocinar alimentos”.
Además, cualquiera que permita a un detenido sometido al régimen del art. 41 bis “comunicar con otros” (aunque sólo sea escribir una carta a un periódico) será castigado con la reclusión de uno a cuatro años y, si se trata de un abogado, de dos a cinco años.
Es escandalosa la institución de un tribunal especial para los recursos contra la aplicación del 41 bis: quien decidirá ya no será el tribunal de vigilancia competente sobre la cárcel donde el detenido se encuentre, sino sólo el tribunal de vigilancia de Roma.
La extensión temporal del régimen del 41 bis, además, ha sido largamente ampliada: si antes era igual a un periodo inicial de 1 a 2 años, prorrogable varias veces por un año, ahora el procedimiento aplicativo tiene una duración inicial de cuatro años, prorrogable después de dos en dos años.

Llegados a este punto, también es necesario recordar la contextual remodelación del circuito Penitenciario de Alta Seguridad (AS), efectuada con circular del 21 abril 2009 del Departamento Administración Penitenciaria (DAP), que ha incluido en el AS el circuito EIV (elevado índice de vigilancia, anteriormente aplicado a los detenidos políticos) ya que “es constantemente percibido como muy penoso”, tanto que “los organismos judiciales europeos... han tenido la ocasión de acoger las quejas (de los detenidos incluidos en este circuito, n.d.r.) declarando la violación del art. 6 parr. 1 de la Convención” (¡así se expresa la circular!). Por lo tanto se cambia de nombre, y la Alta Seguridad viene clasificada en AS1 – AS2 (ex-EIV) y AS3, con el aumento de la diferenciación de los presos según su identidad (“manteniendo diferenciadas las distintas pertenencias a organizaciones terroristas”).

2) El ingente trabajo (normativo, organizativo y “estructural”), con respecto a la cárcel, aumenta su “centralidad”.
Y resulta oportuno recordar cómo en varios recientes procedimientos legislativos han sido incluidas normas que -precisamente- la contemplan: por ejemplo en el llamado decreto “antiviolaciones”, convertido en la Ley n. 38 del 23 abril 2009, ha sido introducida la obligación de la cárcel, como única medida cautelar posible, también para los acusados de delitos políticos (o sea del llamado “terrorismo”), que por lo demás nada tenían que ver con el objeto de la ley (“lucha contra la violencia sexual”).
En resumen, no obstante la regla general sea que “la custodia cautelar en prisión puede ser dispuesta sólo cuando cualquier otra medida resulte inadecuada” (art. 275, n. 3, código penal), en un primer momento sólo para los acusados de asociación mafiosa, y ahora, además de los acusados de violencia sexual y conexos, también para los acusados de delitos políticos si existen exigencias cautelares la única respuesta es la cárcel (ninguna posibilidad de obligación de presentación a la policía, de obligación de residencia, o de detención domiciliaria).

3) Volviendo al llamado “paquete seguridad”, con su aprobación se limita gravemente la libertad de asociación: de hecho está previsto que “cuando se procede por un delito consumado o intentado con finalidad de terrorismo, incluso internacional, y subsistan concretos y específicos elementos que permitan considerar que la actividad de organizaciones, asociaciones, movimientos o grupos favorezca la comisión de los mismos delitos, puede ser dispuesta... la suspensión de toda actividad asociativa”. Y cuando exista sentencia irrevocable que acierte que la actividad de organizaciones, etc., “haya favorecido...”, el Ministerio del Interior ordena por decreto su disolución y dispone la confiscación de los bienes.
Ahora todos sabemos que cuando exista la sospecha de que se favorezca la comisión de un delito con finalidad de terrorismo, la Autoridad Judicial acusa por participación en el mismo delito.
Por lo tanto, es muy fácil imaginarse lo débiles que puedan ser los “concretos y específicos elementos”. Por lo demás, estos “específicos elementos” deben demostrar sólo “que la actividad de grupos o asociaciones favorezca...”. Resumiendo, casi que estamos en el caso de que el “permitan considerar” se convierta en campo de una total discrecionalidad. Pero lo que es más importante subrayar es que una norma tal, puede constituir el medio para reprimir asociaciones totalmente legales, aún en su absoluta contrariedad con los actuales ordenamientos económico-sociales, internos e internacionales. Basta con pensar en las asociaciones de solidaridad internacional que apoyan a los grupos que están incluidos, como pretendidamente terroristas, en las “Listas Negras”; o en aquellos grupos que apoyan a los presos políticos. Por lo demás, la base de esta norma es la noción absolutamente genérica de terrorismo, incluida en nuestro ordenamiento con el bien conocido decreto Pisanu de julio 2005 (art. 270 código penal: “Son consideradas con finalidad de terrorismo las conductas que, por su naturaleza o contexto, puedan causar graves daños a un País o a una organización internacional y sean llevadas a cabo con el objetivo de aterrorizar a la población u obligar a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto o desestabilizar o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas y sociales de un país o de una organización internacional, así como otras conductas definidas como terroristas o realizadas con finalidad de terrorismo establecidas por Convenciones u otras normas de derecho internacional vinculantes para Italia”.
Y precisamente tal noción, en una perspectiva abstracta, permite el ampliar desmesuradamente el panorama de las asociaciones o grupos que podrán ser objeto de los procedimientos de disolución.

4) Si todo lo que he expuesto hasta ahora me parece digno de ponerlo en el centro de la atención, también se puede “rebuscar” en la ley y comprobar cómo existan apuntes represivos para todos.
Para las manifestaciones en las calles se han aumentado, y de manera muy consistente (en presencia de determinadas circunstancias, como la ocultación de los rostros, el número de personas, el lugar donde ocurre el hecho), las penas por la posesión de armas de guerra (y -como es sabido- los cócteles molotov son así calificados) y por la posesión de las llamadas armas impropias (los simples objetos “útiles para agredir”).
Además, se reintroduce el delito de ultraje a Oficial Público, abolido en 1999, con previsiones de una pena (hasta tres años, en vez de dos) incluso superior a la anterior y abolida.
Pero el legislador “ley y orden” no se olvida de nadie -y aquí el tono sólo puede ser grotesco, aunque sólo sea para diluir el sombrío discurso- y aumenta también las penas para el “grafittismo” (murales), previendo sanciones para quien vende bombonas de spray con pinturas no biodegradables a los menores y para quien “ensucia las calles arrojando restos u objetos desde los vehículos en movimiento o parados” (de 500 a 1.000 euros).

5) Ahora, y volviendo al centro de la cuestión, una última y rápida consideración, que se refiere a la nota inicial sobre el silencio que ha rodeado la aprobación de estas normas (y ya no me refiero al “grafittismo”).
Este silencio yo lo explico con el acuerdo de todas las fuerzas políticas; acuerdo que ya se había visto, por ejemplo, en la rapidísima aprobación del decreto Pisanu, y que tiene su origen en la connatural propensión a la represión del llamado “centro-izquierda” (que en su día ya propugnó la inclusión permanente del 41 bis en el Reglamento Penitenciario y que se mostró contrario a que Italia acoja las repetidas exigencias del Consejo de Europa-Convención de Estrasburgo relativas a la introducción de una norma que contemple la revisión de los procesos considerados “injustos” por la Corte de Estrasburgo).

Espero que a esta primera y rápida intervención le sigan otras más completas y profundas.

lunes, 27 de julio de 2009

Extremadura

Cartel de SRI Cáceres Pintada en MÉRIDA, Badajoz, capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura
En EXTREMADURA
JORNADA de MOVIMIENTOS SOCIALES y CAMPAÑA por la AMNISTÍA

El sábado día 17 de Julio el Comité por un Socorro Rojo Internacional de Cáceres participó en las jornadas de movimientos sociales en la ciudad de Badajoz, en ese mismo acto participaron diversas organizaciones tales como CNT, Corriente Roja, Mujeres Libres de Extremadura y otros tantos.
Las jornadas transcurrieron en el Fuerte de San Cristóbal, lugar emblemático por su pasado durante la defensa de la República, ya que desde allí, las fuerzas leales a la República se enfrentaron a los fascistas que querían ocupar la ciudad pacense.
La participación de la ciudadanía, por la lejanía del lugar, no fue la esperada, aunque teniendo en cuenta el clima, con un calor extenuante, y la ya mencionada lejanía se puede calificar de muy positiva.
Al lugar se trasladaron dos compañeros del Comité del SRI de Cáceres donde se tuvo contacto por segunda vez con personas de Badajoz que pretenden entrar y formar parte de la organización. También se tuvo un primer contacto con el reciente colectivo de Corriente Roja que se ha formado en Badajoz, se puso una primera fecha para dentro de varias semanas en la cual mantener una primera reunión junto a los jóvenes de la CJC (Colectivo de Jóvenes Comunistas). El objetivo de dicha reunión será la de empezar a organizar actividades y mantener un contacto continuo con las fuerzas de izquierda de la comunidad.
Al mediodía se celebró una comida entre todos los participantes y demás personas allí presentes donde se continuó el contacto entre todos y se mantuvieron una serie de debates, desde la necesidad o no de una lucha armada en nuestro país, hasta el tema de la nacionalidad extremeña.
Ya por la tarde iniciamos una serie de juegos refrescantes con globos de agua para pasar el calor y estrechar la relación entre todos.
Desde el Comité de Cáceres nos gustaría agradecer a los convocantes por permitirnos poner un puesto con propaganda y materiales de venta en estas jornadas. También agradecer la buena sintonía que se tuvo siempre entre las organizaciones a pesar de las diferencias ideológicas ya que allí estábamos presentes comunistas, anarquistas, independentistas extremeños, etc.

Además, durante el mes de julio y en la ciudad de Mérida se ha llevado a cabo una campaña por la amnistía, basada en pintadas por una parte y carteles del SRI por otra. En las pintadas allí realizadas por los compañeros del PCE(r), se pedía la amnistía de los presos políticos que tenemos aun en las cárceles de nuestro Estado. Las pintadas tenían los siguientes lemas: "Arenas Libertad", "Fortalece el partido de la clase obrera PCE(r)", "Obrero parado, patrón colgado", "Libertad presos políticos" y muchas más. Parece ser que el objetivo de dichas pintadas del PCE(r) y de la pegada de carteles del SRI es la de intentar que la ciudadanía de Mérida conozca de primera mano la situación de muchos presos cuyos cargos son los de ser comunistas.

Los compañeros de SRI Cáceres nos lo vuelven a repetir y a decirlo públicamente en esta Web, si alguien está interesado en formar parte del SRI de Extremadura, puede mandar un correo a la dirección que había en los carteles y que gestionan desde Cáceres,
sricaceres@hotmail.com

Sin más, aquí os hemos dejado la crónica de lo ocurrido este mes de julio en Mérida y Badajoz para que estas actividades sean vistas y sirvan de apoyo al resto de colectivos del SRI en el Estado y en el resto de países.

COMITÉ POR UN SOCORRO ROJO INTERNACIONAL DE CÁCERES
Unai Romano
Agustín RuedaLa tortura como instrumento político
Editorial "El Otro País”. Actualizado a julio 2009

Treinta y cuatro años después de la muerte del dictador, la práctica de la tortura en España continúa siendo habitual.

Treinta y cuatro años después de la muerte del dictador, la práctica de la tortura en España continúa siendo habitual. El discurso oficial sigue centrándose en la supuesta excepcionalidad de los malos tratos, pese a los datos conocidos, que, según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, se cifran en una media de alrededor de 700 casos anuales desde el año 2004.
Por su parte, el Relator especial de la ONU para el tema de la tortura, Manfred Nowak, recogiendo la información facilitada por la Coordinadora, señala que aquí se produce el archivo sistemático de las denuncias por torturas y malos tratos, y destaca, además, los retrasos en su investigación o la falta de impulso procesal. También recoge, con escándalo, algunos ejemplos de pronunciamientos judiciales indignantes, en relación con las correspondientes denuncias por torturas, o declaraciones de apoyo de autoridades públicas a funcionarios condenados por este tema, incluidos homenajes públicos, indultos y demás actitudes institucionales que expresan la falta de voluntad política para garantizar los derechos de las personas en este ámbito.
Ésa ha sido la tónica general desde el inicio de la Transición hasta hoy. Recordamos el asesinato del joven anarquista Agustín Rueda, hace 31 años, en la prisión de Carabanchel, a manos de sus carceleros, durante un criminal interrogatorio. Sus verdugos no llegaron a pasar ni ocho meses encarcelados.
Un par de años después, el 6 de septiembre de 1980, fallecía, en las dependencias de la Dirección General de Seguridad, José España Vivas, de 25 años, activo militante del movimiento ciudadano de Alcalá de Henares y acusado de tener conexiones con los GRAPO. Oficialmente, sufrió un infarto mientras estaba siendo interrogado por agentes de la Brigada Central de Información y no se realizó ninguna investigación sobre su muerte. Sin embargo, unas fotos obtenidas en el Instituto Anatómico Forense mostraban el cadáver de España Vivas con los pies hinchados, quemaduras de cigarrillos en distintas partes del cuerpo y otros signos evidentes de haber sido sometido a una brutal sesión de tortura.
En las mismas dependencias policiales, sólo unos meses más tarde, en febrero de 1981, fue asesinado, durante otro interrogatorio, el militante vasco Joseba Arregi. Uno de sus torturadores, el policía Juan Antonio Gil Rubiales, sería ascendido, en 2004, a comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
«Al amparo de un sistema podrido y con el recurso cada vez más frecuente a la legislación especial, la tortura, también en nuestra piel de toro, se ha convertido en un método sistemático para la represión», escribe Juan Ramos. Él mismo sufrió en sus propias carnes, más de una vez, los métodos de trituradores franquistas como los hermanos Creix, que convirtieron, durante años, la vieja Jefatura Superior de Policía de Barcelona, ubicada en la Via Laietana, en la casa de los horrores.
Muchos pupilos de los Creix y de otros torturadores del Régimen, como el siniestro comisario Yagüe o Roberto Conesa, hicieron carrera durante la Transición, y su herencia sigue activa hoy.
Las terribles imágenes que mostramos -el cadáver de Agustín Rueda y el rostro desfigurado de Unai Romano- se tomaron con más de dos décadas de diferencia, pero tienen un nexo común: la tortura como instrumento político para combatir a la disidencia más comprometida. En la dictadura, en la Transición y en esto que hay ahora.
Además, la carta blanca para la práctica de los malos tratos, otorgada por la actitud del Gobierno, se extiende también a las policías autonómicas y locales, según el informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. En este terreno, como en tantos otros, Zapatero sigue los pasos de Felipe González. Sólo hay que recordar el caso de Rodríguez Galindo, virrey de Intxaurrondo y uno de los principales responsables del «GAL verde», que fue ascendido a general por González, a pesar de encontrarse imputado, en el caso de Lasa y Zabala, por secuestro, torturas y asesinato. Finalmente sería condenado, pero está en su casa.
Bajo el mando de Galindo medraron fieras como el sargento Dorado Villalobos, autor material del asesinato de Lasa y Zabala, que ya había sido condenado anteriormente por torturas e indultado por Felipe González. Tras un casi imposible recorrido en busca de la verdad, las denuncias de malos tratos se encuentran siempre con todo tipo de obstáculos judiciales, policiales y políticos. En los pocos casos en que se consigue una condena en firme para los torturadores, al final aparece el indulto gubernamental.
La red Galindo fue también responsable de torturar hasta la muerte, en Intxaurrondo, al conductor de autobuses Mikel Zabaltza. Le interrogaban sobre algo que él no podía saber, porque no tenía ninguna relación con ETA, y a sus torturadores se les fue la mano. Era el año 1985. Su cadáver apareció en el río Bidasoa. Aún recordamos con indignación el repugnante reportaje que realizó sobre este caso Javier Basilio, para el programa de TVE «Informe Semanal», avalando, con sorna, la versión oficial de la Benemérita institución. Eran los tiempos de la radiotelevisión felipista, infestada de comisarios políticos que miraban con lupa cualquier referencia informativa a los GAL o a la OTAN.
La cosa no ha cambiado nada. Hace unas semanas, en el «Diario Hablado» de las dos de la tarde, de Radio Nacional, se informó brevemente sobre las demoledoras conclusiones de Amnistía Internacional en relación con la tortura en España. Cuando finalizaron las palabras de la representante de este organismo, el comisario jefe del programa, Rafael Bermejo, no pudo quedarse callado. «Esa señora —dijo con desdén— probablemente no sabe que los miembros de ETA tienen órdenes de denunciar torturas cuando los detienen.»
Editoriales del diario GARA
Represión dentro y fuera de la legalidad
El secuestro y tortura del joven Alain Berastegi por un grupo de personas armadas, que el arbizuarra identificó como policías, viene a ratificar lo que hace tiempo se revela como una realidad evidente: la apuesta de los aparatos de los estados español y francés por el recrudecimiento de la represión en sus formas más diversas, unas veces al amparo de leyes a medida y otras, sin mayores miramientos y con el aval de la impunidad, al margen de cualquier marco legal.
Las torturas sufridas por Berastegi son una cruda realidad en sí misma, la experiencia más degradante y desgarradora a la que puede condenar un Estado a un ciudadano. Pero es, a la vez, un reflejo de la descarnada realidad que enfrenta Euskal Herria.

Como a Alain Berastegi, pretenden por todos los medios asfixiar a una amplia parte de la sociedad borrando sus derechos democráticos, limitando al máximo su capacidad de expresión no sólo política, sino también social e incluso afectiva, como se demuestra en la vorágine represiva desatada en torno a las fotografías de los presos políticos, a quienes aplican un régimen penitenciario de exterminio y una política de dispersión que arrebata una vida cada quince meses y causa incontables e irreparables daños personales y económicos. Y, como a Berastegi, niegan a Euskal Herria la posibilidad de decidir su futuro y superar el conflicto político en términos democráticos.
El caso denunciado por el arbizuarra Alain Berastegi se suma a otros también recientes*, de entre los que la desaparición de Jon Anza es sin duda el más grave. Estos hechos, indefectiblemente, recuerdan a las agresiones sufridas por jóvenes abertzales a finales de los 80. Aquellos eran también tiempos del PSOE, y eran, además, tiempos de los GAL.

Ahora, los autores de estos ataques recientes ni firman ni reivindican, pero con sus actos confirman quiénes son y que gozan de la misma impunidad. Un ciudadano ha sido, una vez más, secuestrado y torturado por presuntos agentes de las fuerzas de seguridad españolas; es hora de exigir responsabilidades.

*En ese terreno se inscriben los recientes interrogatorios ilegales a Juan Mari Mujika y Lander Fernández y el secuestro denunciado esta semana por Alain Berastegi. Al mismo ámbito pertenece la desaparición del militante de ETA Jon Anza hace casi cien días. La desaparición de Anza recuerda a los fatídicos tiempos del GAL, a la muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala, y también a las desapariciones de José Miguel Etxeberria Naparra, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur y Popo Larre. Pero también recuerda a los casos de Josu Zabala Basajaun y José Luis Geresta Mujika Ttoto, muertes no resueltas en las que la advertencia al enemigo y la venganza parecen jugar un papel clave.

jueves, 23 de julio de 2009

18 de julio de 1936: genocidio y crimen de lesa humanidad
Colectivo Lau haizetara bidean


Aquel 18 de julio de 1936 cambió la vida a millones de hombres y mujeres de Euskal Herria y de los pueblos del Estado español. Un grupo de militares, con la complicidad de los terratenientes, las clases adineradas y la jerarquía de la iglesia católica, se alzaron contra la legitimidad de la voluntad popular, con el fin de eliminar sistemáticamente, cualquier esperanza de construir una sociedad basada en el respeto a los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de los pueblos y naciones del Estado español.

Genocidio y crimen de lesa humanidadEl objetivo perseguido por los militares fascistas, fue el de aniquilar sistemáticamente aquellos sectores de la población que por su condición de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, laicos, ateos, vascos, catalanes o galegos..., representasen un "peligro" para la España nacional-católica.
Estos militares golpistas, y los políticos fascistas que les auparon, cometieron cientos de miles de asesinatos, construyeron miles de fosas comunes (hasta el momento han sido localizadas 284) en las que enterraron decenas de miles de ciudadanos/as, provocaron decenas de miles de desaparecidos, cientos de miles de muertos por hambre y la enfermedad, cientos de miles de exiliados (Casanova, J., 2002), millones de desplazados, decenas de miles de internados en campos de concentración y exterminio (Rodrigo, J.; 2006)..., y una represión cultural y lingüística brutal sobre pueblos y naciones de la Península. Nunca, hasta entonces, se había conocido en la historia contemporánea del continente europeo, una campaña militar de exterminio, un acto de genocidio, de tal calibre y brutalidad.
Ante toda esta realidad, los poderes públicos y los agentes sociales, políticos y sindicales, estamos obligados a intervenir, con el fin de que se haga justicia y se implementen medidas reparadoras, incluidas las consiguientes mecanismos de garantía para su no repetición, y restituir la deuda contraída con las libertades republicanas, los/las ciudadanos/as que las defendieron y nuestro compromiso con el respeto de los derechos civiles y políticos de las futuras generaciones.
Esta responsabilidad y compromiso, se hace extensible a la comunidad internacional, ya que, no lo olvidemos, la guerra de exterminio y el genocidio cometido, no hubiera sido posible, sin la implicación de las potencias europeas, esto es,
1) sin la participación directa de Alemania e Italia, y la implicación de Portugal, que intervinieron con total impunidad, aportando armas, aviación y tropas regulares (adiestradas y perfectamente equipadas)
2) los gobiernos de la Francia de L. Blum y de la Gran Bretaña de S. Baldwin y de A. Chamberlain, que facilitaron la intervención de las potencias del eje, a través del "pacto de no intervención", que en la práctica derivó en una política activa de los gobiernos francés y británico en contra, incluso, de la prestación de ayuda humanitaria para la población civil desplazada y exiliada, que huía del genocidio franquista. Esta implicación de las potencias europeas, con sus correspondientes responsabilidades, por acción u omisión, están documentadas y perfectamente tipificadas en el derecho penal internacional.
Situación actualHan transcurrido 73 años desde que millones de ciudadanos/as vieron truncados sus deseos de construir una vida mejor, socialmente más justa y políticamente más democrática, en el marco de un modelo de Estado republicano. Pero lo que más evidencia, con toda su crueldad, el olvido y el silencio impuesto, sobre a la lucha y los/las luchadores/as antifranquistas, que dieron su vida por los ideales mencionados, es el hecho cierto y constatado de que aún no se ha investigado en toda su profundidad, la verdad de los acontecimientos, no se ha hecho justicia sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos, y menos aún, se han implementado las medidas de reparación, recomendados por la comunidad internacional.
El trato recibido por las víctimas de la rebelión militar de 1936 y el terrorismo de Estado, a través de medidas tomadas por los distintos gobiernos, entre las que la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre) es sólo el último ejemplo, es demencial. Esta ley abandona a su suerte a los familiares de las víctimas de fusilados y desaparecidos, responsabilizándoles enteramente, de costes derivados de la investigación sobre el paradero de sus allegados y, en caso de ser hallados, también de los costes de su exhumación (decisión adoptada en el Senado español, en sesión plenaria de 11/III/2009).
Las reiteradas denuncias realizadas por el conjunto de asociaciones de familiares de las decenas de miles de víctimas (último manifiesto de denuncia del 30/VI/2009), han puesto en evidencia este trato injusto e inhumano para con la memoria de los asesinados y el dolor de sus familiares. Las autoridades y partidos que han ostentado responsabilidades de gobierno en Euskal Herria , son causantes, también, los directos de este sombrío panorama. Panorama, que debería golpear sus conciencias, por haber abandonado a miles de familiares de fusilados y desaparecidos, quienes en su mayoría militaron en los mismos partidos y sindicatos que ahora los condenan al olvido.
Como consecuencia de ello, en la actualidad, no existe un censo oficial de fusilados, desaparecidos, de muertos en el frente, por el hambre y la enfermedad; no se ha elaborado ningún censo oficial de prisioneros, de exiliados, de represaliados, no se ha realizado un censo de incautaciones y requisas a la población.

Sin parangón en la Europa occidentalLos procesos de justicia transicional, desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial, para establecer las responsabilidades penales sobre aquellas personas y regímenes dictatoriales causante de millones de muertos, no hubiesen sido posibles si de no haber existido la clara determinación de hacer de la verdad, la justicia, y la reparación, los objetivos prioritarios, no hubiesen podido reconstruir la sociedad europea sobre nuevas bases políticas e ideológicas, desvinculadas de los poderes heredados del los anteriores regímenes dictatoriales.

Superación de las herencias del régimen franquistaÉsta es una de las cuestiones determinantes, que están pendientes de ejecución en el caso español: la eliminación de las estructuras de poder, erigidas durante el régimen franquista, actualmente controladas y gestionadas por sus directos herederos (http://www.youtube.com/watch?v=Khyw4t5hB5Q ). Sólo con una sincera voluntad de superación del modelo de impunidad español (Amnistía Internacional y Informe Nizkor, 2004), a través de la constitución de la comisión de la verdad de Euskal Herria, se podrá posibilitar la investigación de la verdad, la afectiva realización de la justicia y la implementación de las medidas reparadoras correspondientes, incluidas, las también irrenunciables e imprescindibles, garantías de no repetición.

martes, 21 de julio de 2009

Pintada. San Sebastián de los Reyes (Madrid) Cartel. Euskal Herria

JOSE MARÍA SAGARDUI MOJA "GATZA", preso político de ETA
29 AÑOS EN PRISIÓN
«Gatza» cumple 29 años en las cárceles de exterminio españolas.

Lleva más tiempo en prisión que lo que ha vivido en libertad: este mes de julio cumple 29 años encarcelado. Con 51 recién cumplidos, Jose Mari Sagardui, «Gatza», es el preso político que más tiempo lleva encarcelado de toda Europa. Casi tres décadas preso en las que ha conocido de primera mano todos los rostros represivos que ha mostrado la política penitenciaria española contra los presos políticos; desde la dispersión hasta la doctrina del Supremo español.

El preso político que más tiempo lleva encarcelado de toda Europa, el zornotzarra Jose Mari Sagardui, Gatza, acaba de cumplir 29 años dispersado en cárceles del Estado español, a pesar de que, según la legislación española, debería de estar libre en el municipio vizcaino desde 2005. Aunque Gatza lleva más tiempo encarcelado que los años que ha transcurrido en libertad, las movilizaciones y los actos en exigencia de su libertad se repiten en su municipio natal. Así, el sábado, día 11, Zornotza volvió a demandar su puesta en libertad.
Desde que el 8 de julio de 1980 la Policía española detuvo a Jose Mari Sagardui -que denunció duros episodios de tortura-, el prisionero político de Zornotza ha conocido 34 traslados de prisión. En casi tres decenios solamente ha estado dos veces en prisiones ubicadas en Euskal Herria, y en las dos ocasiones fue por un corto periodo de tiempo. En total, Gatza, que actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de Jaén, dispersado a 730 kilómetros de distancia de Zornotza, ha permanecido en 13 prisiones españolas: Soria, Carabanchel, Puerto I, Herrera de la Mancha, Basauri, Alcalá Meco, Sevilla II, Palma de Mallorca, Granada, Puerto II, Langraiz y Jaén.

Sólo la mera mención de los nombres de esas prisiones españolas sirve de exponente para ver cómo Sagardui Moja ha conocido de primera mano todas las etapas que ha recorrido la política penitenciaria española contra los presos políticos. Desde las «cárceles de exterminio» de Carabanchel y Herrera de la Mancha a la política de aislamiento extremo que sigue padeciendo también ahora en la cárcel de Jaén.

Aislado la mayor parte del díaPrisión en la que no cuenta con luz natural y con restricciones y controles sobre todas las comunicaciones y movimientos. Una prisión en la que permanece aislado la mayor parte del día: 20 horas. En definitiva, Gatza cumple 29 años encarcelado, dispersado, pero, además, catalogado en primer grado; es decir, en condiciones muy duras, las más restrictivas del sistema, que imponen el aislamiento.
Según recuerda el movimiento pro-amnistía, «a pesar de que los estados no reconocen el estatus político de los presos vascos, todas las medidas que adoptan contra los presos políticos son políticas». Así las cosas, Sagardui Moja también continúa con obstáculos para poder cursar estudios universitarios, así como con trabas y dificultades para recibir asistencia médica y sanitaria.
Con las paulatinas modificaciones que distintos gobiernos españoles han realizado en los últimos años para actuar contra los presos políticos, a Jose Mari Sagardui también le han impuesto la retirada de redenciones carcelarias y, entre otras medidas, la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo español por el que fija en 30 años la condena a cumplir, a pesar de que los tribunales ya lo juzgaron y le impusieron ya un fallo.
Durante todos estos años Zornotza ha acogido diversas movilizaciones e iniciativas en demanda de su liberación. El caso de Gatza incluso llegó al Parlamento de Gasteiz, donde varias formaciones vascas se posicionaron a favor de su liberación.
En el Ayuntamiento de Zornotza también se han tramitado distintas mociones, aunque la más sonada fue seguramente el pasado año cuando el alcalde jeltzale (PNV) del municipio vizcaino decidió no tramitar una moción que fue impulsada por 41 colectivos sociales, sindicales, culturales y políticos de Zornotza. E inumerables han sido también las bajadas de persiana de los comercios, manifestaciones, marchas a la cárcel de Jaén, actos culturales... y hasta un libro: «Lunaren Goiztiri», que hace referencia a los nombres de su compañera, Luna, y de su hija, Goiztiri.

viernes, 17 de julio de 2009

Nuestros "ilegales" y el terrorismo "democrático"


Nuestros "ilegales" y el terrorismo "democrático"...
Esta foto es de 1949, la historia se vuelve a repetir aunque con otros rostros...

En estos tiempos se ha convertido en algo habitual sentarse a comer delante del televisor y asistir tranquilamente como si nada pasase y sin atragantarnos, al vergonzoso espectáculo de contemplar como diariamente decenas de cadáveres de hombres, mujeres y niños llegan a las costas de Andalucía y Canarias arrastrados por el mar. Todo este cuentagotas constituye un auténtico genocidio que no parece tener fin...
Los gobiernos de los países europeos autodenominados ¨democráticos¨ y ¨civilizados¨ que hace no mucho colonizaron a sangre y fuego, creando fronteras artificiales según sus intereses, califican a estas gentes como ilegales... No deja de ser paradógico que mientras empresarios y banqueros desalmados se apropian de las riquezas naturales de países africanos y americanos, explotándolos, exprimiéndolos sin tregua y condenándolos a la miseria, se permitan el lujo de llamar ilegales a aquellos cuyo único delito es intentar escapar de ese infierno al que esta sociedad degenerada les ha destinado.
Mientras ellos acumulan beneficios desorbitados a costa de los demás, con el monopolio de las multinacionales, viven en mansiones y viajan en yates de lujo colocados de cocaina, en las mismas aguas en las que aún flotan cuerpos podridos a la deriva... podridos como su sistema.
Los medios de comunicación como prostitutas que son, hablan de esta situación como si fuera producto de la casualidad o la mala suerte, encubriendo la responsabilidad del capitalismo ante estos hechos, y utilizando segun convenga a la inmigración como el origen de todos los males, paro, delincuencia, drogas, empeoramientos de las condiciones laborales, etc.
Ponen a un sector indefenso en el punto de mira de la escoria fascista y racista. Si hay pérdida de puestos de trabajo por que contratan a inmigrantes por menor sueldo, la culpa es de esos empresarios criminales y gobiernos que lo permiten, fomentando el enfrentamineto entre razas y pueblos, mientras ellos se llenan los bolsillos.
Ante esta situción, la salida a largo plazo no es la típica respuesta de ONGs, progres y asociaciones cristianas de la caridad... de dar papeles para todos pero sin tocar el sistema. La salida es que cada pueblo pueda disponer libremente de sus recursos, socializados y en propiedad colectiva, expulsar a los criminales saqueadores y corruptos para no andar en la necesidad de tener que recorrer miles de kilometros en busca de un futuro incierto o tener que estar pidiendo limosnas, y eso tiene un nombre, socialismo y solidaridad.

Conviene recordar que nosotros tambien fuimos ¨ilegales¨ no hace mucho, y que el caos de este sistema terrorista puede hacer que lo volvamos a ser, pues su única logica es obtener beneficio y acumular más y más a costa de lo que sea.

Datos demográficos de la emigración española contemporánea:
Emigración española en América.
Durante toda la Edad Moderna la emigración transoceánica a las colonias de América es la dominante. Con la independencia americana el movimiento migratorio no se detiene, centrándose durante buena parte del siglo XIX en Cuba, y continuando tras la independencia de ésta en 1898, así como en Argentina (dos millones y medio de españoles emigran hacia este país entre 1857 y 1935), México, Brasil, Uruguay, Chile , Venezuela, Panamá, R. Dominicana y otros países americanos.
Emigración española al norte de África.
La presencia de emigrantes españoles en el Magreb y en algunos otros puntos del continente africano se relaciona con la colonización iniciada durante el siglo XIX. Surge en 1839, cuando comienza la colonización francesa de Argelia, contando con unos 10.000 residentes españoles en 1841, que pasan a 115.000 en 1881, y a unos 160.000 en 1900. En 1930 había unos 300.000, y a partir de esa fecha el número desciende. Su origen geográfico eran zonas del Mediterráneo (provincias de Almería, Murcia, Alicante y las islas Baleares) con mayoría de varones agricultores que se dirigían a Orán y Argel. Esta emigración se debía a la crisis de la minería y la pobreza en los campos de esos territorios. En Argelia se ocupaban principalmente de la agricultura.
Emigración española en Europa.
Según las cifras oficiales del Instituto Español de Emigración (IEE) entre 1959 y 1973 emigraron al continente europeo un millón de españoles (1.066.440), los países de destino fueron fundamentalmente: Suiza, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda y Reino Unido.

Publicado por Primera Línea

miércoles, 15 de julio de 2009

Pintadas

Pintada en Autovía. Madrid
Pintada en Valencia

Pintada en Madrid
Manuel Pérez Martínez
"Camarada Arenas"

La "leGALidad" encierra de por vida a un dirigente comunista internacional
((Una de las opiniones en el interesantísimo foro que RASH MADRID ha abierto sobre el tema))):

"Yo creo que es una obligación exigir la libertad de este hombre. Un deber de cualquiera que se tenga por comunista; aunque no comparta la línea política del PCE(r) del que es representante Arenas. Por poner un ejemplo, y valga la distancia, permitir la injusticia de tenerlo en la cárcel es como al final de la guerra civil que tuvieron que llenar las cárceles con comunistas para entregar Madrid. Arenas es el único Secretario General de un partido comunista, preso en las cárceles europeas, en Francia y en España; desde Dimitrov, con el auge del fascismo, no existe otra similitud. No tratan sólo de encarcelarlo personalmente a él. Es criminalizar el comunismo; quienes se llaman comunistas y no se rebelan ante ello, no son solidarios, y mucho menos comunistas en los hechos, sólo de boquilla, de cara a la galería. Esto es así, por mucho que le fastidie a esos otros "comunistas". Hace poco se ha hecho campaña para "llevar la voz de la clase obrera a Europa", de autoproclamarse "bolcheviques", de los comunistas a Estrasburgo para exigir que la crisis la pague el capital... pero esos bolcheviques, solidarios internacionalistas, comunistas... ni uno sólo ha denunciado esta realidad. ¿Cómo se puede ser comunista, bolchevique, solidario internacionalista y abstraerse de estos hechos? ¿O unos son comunistas y otros no? ¿Unos se conforman con poco y otros dicen consecuentemente que los nada de hoy todo han de ser? Esta es mi opinión personal. Y desde estas páginas animo a que los comunistas, solidarios y bolcheviques, los de verdad, se organicen y organicen además Comités por la libertad inmediata de este hombre".

((Puedes seguir y participar en la dirección)):
ACTO A DESTACAR:
CHARLA-COLOQUIO EN VITORIA-GASTEIZ

Sobre el juicio del motín de la prisión de Caxias, en Portugal

Hablará el compañero Aderito, inmerso en ese proceso-farsa

JUEVES 16 JULIO, 20.00 h.

ZAPATENEO, Zapatería 95, Casco Viejo
Estimados compañeros/as, junto con otra gente, como la compañera de Antonio y algunos antiguos compañeros de la COPEL nos hemos propuesto hacer todo lo posible para oponernos a la entrega a Francia por "euroorden" de Antonio Nieto Galindo, antiguo miembro de COPEL que está a punto de cumplir 35 años de cárcel en España y aún lo reclaman para cuando cumpla para que pague en Francia dos cadenas perpetuas. Creemos que el caso merece toda nuestra atención. Encontraréis más información y un modelo de hoja para recoger firmas en: http://antonionietogalindo.wordpress.com/

martes, 14 de julio de 2009

Los obreros franceses, en pie de guerra

Los 366 trabajadores de New Fabris amenazan con volar la fábrica si no se les indemniza
Tras los secuestros de patronos, las amenazas de volar fábricas.
La recesión radicaliza el movimiento obrero en Francia. «Hay fenómenos de revuelta que no habíamos visto desde hace una treintena de años», señala Bernard Vivier, director del Instituto Superior del Trabajo. Cuando la confederación de pequeñas y medianas empresas pronostica un aumento de las declaraciones de quiebra, la crispación social presagia un otoño muy caliente.
El caso de New Fabris, fabricante de piezas para el automóvil, es un fiel termómetro de la fiebre obrera. Los 366 trabajadores de esta empresa, condenada al cierre desde junio por los tribunales, han amenazado con volar la fábrica si sus principales clientes, Renault y PSA Peugeot Citroen, no los indemnizan con 30.000 euros a cada uno antes del 31 de julio.
Botellas de gas conectadas con cables recuerdan el últimátum en el exterior de la factoría, situada en un polígono industrial de Châtellerault (Vienne), no lejos de Potiers (oeste de Francia). Desde la Prefectura (gobierno civil) aseguran que el riesgo de explosión es mínimo pues las bombonas están vacías. Pero los ocupantes de las instalaciones ya han quemado varias máquinas para mostrar su determinación.
«Hay un gran temor al futuro», explica Pierre Réau, director de la fábrica, quien dice comprender el «desasosiego» de la plantilla. «Actualmente, los que deberían partir con más de 20 años de antigüedad no percibirían más que entre 10.000 y 15.000 euros. Algunos, con menos años, se irán con 3.000 euros solamente», apunta. «Aquí la gente tiene 49 años de media y 25 de antigüedad. ¿Cómo quieren que encuentren curro?», resume un portavoz del comité de empresa.
Los obreros, que este jueves van a manifestarse ante la sede central de Renault, tienen cita el día 20 en el Ministerio de Industria. «Si no obtenemos nada, PSA y Renault tampoco tendrán nada», advierte Guy Eyermann, delegado de la CGT. «No vamos a dejarles recuperar las piezas del almacén ni las máquinas que quedan en la fábrica», anuncia tras valorar el conjunto en cuatro millones de euros.
El conflicto recuerda el precedente de los 150 obreros de Cellatex, en Las Ardenas, que en julio del 2000 amenazaron con derramar 56.000 litros de ácido sulfúrico en el río Meuse y volar la fábrica con el grito de guerra «Hasta el bum, bum, bum». El vertido de 5.000 litros de ácido teñido de rojo en un arroyo canalizado, controlado de inmediato por los servicios medioambientales, bastó para desbloquear las negociaciones y llegar a un acuerdo sobre las indemnizaciones por quiebra.
Los observadores atribuyen en buena parte la radicalización de las protestas a que los obreros han dado la espalda a los sindicatos. «Los sindicatos están tres veces menos presentes que hace 30 años», constata Bernard Vivier. «Por eso en las situaciones desesperadas la revuelta de los obreros, al enterarse brutalmente de que su fábrica va a cerrar, no es canalizada por los sindicatos», analiza este especialista de las relaciones sociales.
(«Canalizada» se traduce como manipulada y controlada, es decir, que también los obreros franceses están hasta las narices de los sindicatos amarillos).

La situación de la fábrica de New Fabris es el último ejemplo del cariz que están adoptando los conflictos laborales en el Estado francés en los últimos meses. En una situación legislativa y política en la que la clase obrera está prácticamente inerme frente a la patronal, que tiene casi todas las bazas en este tipo de conflictos, muchos trabajadores han decidido plantarse y decir «ya basta». En este contexto, la retención durante algunas horas -«secuestros» para los medios mayoritarios- de directivos de compañías como Sony, 3M, Fnac, Capterpillar y Scapa como forma de presión ha abierto un debate en el que, según las encuestas, la mitad de la ciudadanía del Estado francés admite como «aceptable» la actuación de los obreros y una mayoría dice, al menos, entenderlo. Lo cierto es que estas actuaciones han logrado poner sobre la mesa la necesidad de disponer de mecanismos eficaces contra la prepotencia de la patronal

lunes, 13 de julio de 2009

Socialfatxas, de Jon Odriozola

Jon Odriozola. Periodista

«Socialfatxas»

En los años 70 del siglo pasado, la sociología burguesa puso de moda la distinción entre estados autoritarios y totalitarios. El primero sustituiría el proceso político por la autoridad de una élite autodesignada sin interferir directamente en muchas áreas de la vida social, intelectual y económica. Bajo un régimen autoritario, al ciudadano le está prohibido desarrollar actividades políticas, pero podría viajar, establecer cualquier clase de negocio, vivir donde quiera y estudiar, v. g., Ciencias Políticas igual que en un país formalmente democrático. El ejemplo típico era la España posfranquista, digo, lapsus calami, el Chile de Pinochet. Arquetipo de gobiernos totalitarios serían, lo adivinaron, los países comunistas: Cuba, Vietnam, etc. donde, a diferencia de un estado autoritario, la «política» interfiere en todo y se mete hasta la cocina. En medio o, mejor, superando ambos sistemas, estaría el socorrido estado de Derecho y sus reglas de juego.
Mucho antes de estos ideologemas, el sociólogo Durkheim ya señalaba que la función social del crimen era mantener lo que él llamaba la solidaridad mecánica, es decir, que la verdadera función de la pena era mantener intacta la cohesión social. No sirve -añadía- para corregir al culpable ni para intimidar a sus posibles imitadores. Para otro sociólogo, Talcott Parsons, patriarca de la sociología norteamericana, el hombre viene a ser un simple receptáculo de «orientaciones normativas» y de «sentido». El individuo se reduce a «nada + orientaciones normativas». Parsons va a sustituir el término «hombre» por el de «actor», donde cada cual, respetando las sacrosantas reglas de juego, tiene su rol. Si alguien contraviene esas graníticas reglas o se sale de la norma, es considerado o va a interpretarse como un desviado (sic) individual o grupal. Ese «desviado» estaría... en otro mundo, y por eso hizo fama el latiguillo que reza y habla del «mundo de la izquierda abertzale» como si fueran alienígenas, desautorizando el bello poema de Paul Eluard («hay muchos mundos pero todos están en este»). Se identifica idealmente Estado y sociedad (no hay, por tanto, lucha de clases) y, como sea que vivimos en un apriorístico reino de la libertad, no es posible dar libertad a quienes la atacan. Es intolerable en el sentido lockeano. La (presunta) democracia tiene la ineludible obligación de defenderse. ¿Cómo? Promulgando, por ejemplo, una Ley de Partidos ad hoc contra los liberticidas, ergo «radicales». A veces con el subterfugio de la seguridad ciudadana y otras con el pretexto de la seguridad del Estado. Y, si hace falta, se recurre a viejas legislaciones fascistas que incluían los llamados «delitos de sospecha» fundados en opiniones dizque un Derecho Penal político sobre las intenciones. Fuego a discreción (o todo es ETA).
Ya no se establece un sistema de garantías de los derechos y libertades cívicas, sino un sistema de garantías de seguridad... del Estado. Así, se puede completar el sofisma de que si el Estado no está seguro, no pueden estarlo los ciudadanos, y para que el Estado esté seguro, hay que controlar al personal. Ya no son necesarios engorrosos estados de excepción, pues la violencia política -legal, of course- es suficiente. Aunque, si es menester, se limpien el tafanario con su propia «legalidad».

viernes, 10 de julio de 2009

Charla en Vitoria sobre Control social y video-vigilancia Por un miembro de la Asociación de vecinos de San Francisco (Bilbao) y un profesor de sociología de la UPV de Vitoria-Gasteiz
Crónica: Elena C.

1ª intervención: Experiencia en el barrio San Francisco de Bilbao

Antecedentes: Históricamente ha sido un barrio de inmigración. Ya desde el año 1800 comenzaron a llegar personas de Galicia, Castilla y Extremadura para trabajar en las minas de Biribila. Históricamente ha sido también una arteria comercial de primer orden en Bilbao, y paralela a las Cortes, calle muy viva, de música en la calle, prostitución, alterne… En resumen, una zona muy vital, de clase media-baja, y también marginal.
En los años 80 con el Plan de Rehabilitación Urbanístico se hizo un intento de elitizar ese espacio.
Paralelamente se instaló el local del programa de metadona, con el asentamiento de l@s drogodependientes, que al vivir en la calle se hacen “vecin@s”. Como consecuencia, y a petición de algun@s vecin@s mucha presencia policial en la zona. Hubo una gran división vecinal por este tema. Tras todos estos años, de no tener éxito con ninguna alternativa, las autoridades anuncian la instalación de las cámaras de video-vigilancia.
Desde 1989 se crea la Coordinadora de Grupos del barrio, un movimiento que pretende luchar contra el deterioro de la zona de una forma diferente. Proponen reforzar el tejido social, y muestran su rechazo antes medidas polémicas, que lo único que hacen es dividir a la gente, creando así el efecto contrario al que sería deseable.
La noticia de abril de 2009 de que el Ayuntamiento instalaría 14 cámaras en la calle tuvo un efecto perverso: algun@s vecin@s de las calles aledañas pidieron asimismo la instalación de más cámaras, argumentando que si no se hacia así, los delitos se trasladarían de las zonas vigiladas a sus calles.
Ante estas peticiones la A.V nos plantea la siguiente reflexión. ¿Qué modelo de barrio y de ciudad queremos?
Además quiere denunciar y reivindicar lo siguiente:
- Noticias como la de las cámaras y su gran impacto mediático crean una imagen distorsionada del barrio, lo estigmatizan y criminalizan. El barrio no es noticia cuando se juntas más de 1.000 personas en una actividad como la de Arroces del Mundo (celebración multicultural-gastronómica en la calle), pero sí cuando sucede un delito.
- Las autoridades venden con medidas como las cámaras una falsa sensación de seguridad. Además ha sido una imposición del ayuntamiento sin consultar con nadie.
- No queremos ser vigilad@s, reivindicamos nuestro derecho a la intimidad.
- La solución real pasa por programas de desarrollo comunitario, de empleo y formación, de creación de empresas en la zona. En esto, sin embargo, no se invierte ni un céntimo.

2ª intervención: Concepto de control social. El caso de Vitoria-Gasteiz.

El término control social no es en sí negativo. Indica autorregulación de la sociedad para resolver sus contradicciones. Deberíamos reivindicar el control social así entendido. Es en la sociedad postmoderna y cibernética donde cambia el significado del término que pasa a entenderse como represión, vigilancia y castigo de lo diferente y marginal.
En esta sociedad, con elementos de vigilancia y control como las cámaras, se crea la percepción de que tod@s somos posibles delincuentes. Otro ejemplo similar sucede hoy en día con el coche: no soy conductor, sino posible infractor. El objetivo de la cámara no es vigilar a l@s trapicher@s o a l@s que ponen carteles, sino que cada un@ nos autocontrolemos por el miedo a la represión. Es un elemento de disuasión, de pánico social. Las empresas mediáticas construyen el miedo: su mensaje es que hay que temer a l@s gitan@s “indóciles”, a l@s terrorist@s, a l@s inmigrantes…. Mediante la teatralización y espectacularización de ciertos fenómenos venden la imagen de inseguridad. Las cámaras se ponen en los lugares elegidos, definidos como socialmente peligrosos. Y sin embargo, no ponen cámaras en la sala de reuniones del BBVA, donde se dan otro tipo de delitos, o en el hotel Ciudad Vitoria, donde algun@s se ponen de coca de la buena hasta el culo.
El caso de Gasteiz. En el año 1986, según las encuestas, el casco viejo gasteiztarra era la zona geográfica de la CAPV con mayor índice de pobreza (gran número de población anciana, de clase baja, gitana…). Hicieron una operación de cirugía estética urbanística, diseminando a esta población por el resto de la ciudad y atrayendo a población joven y de clase media, en un intento de convertirlo en una zona de ocio y turísmo.
Sin embargo no han terminado de conseguir lo que pretendían:
- Es una zona de ocio juvenil no controlado: botellones. Para las autoridades las plazas y calles son zonas para circular, no para estar.
- Es un lugar de encuentro de movimientos sociales alternativos.
- En muchas zonas persiste la población marginal, y ha habido nuevos asentamientos (colectivo magrebí pobre, por ejemplo).
- Diferentes proyectos como la creación del cuerpo anti-reyertas y el de la nueva comisaría de policía municipal, el acoso a cierto tipo de jóvenes en el botellón y la persecución selectiva de determinados bares nos indican que las soluciones son a nivel policial y que las autoridades no se sabe que quieren hacer con el barrio. Han puesto mucho dinero en juego en su intento de reactivación económica y rehabilitación (escaleras mecánicas –protestadas por cientos de vecinos-, antiguo depósito de agua convertido en el elitista Palacio Montehermoso, comercios de lujo…), pero todas estas “manchas” (disidencia, población marginal, calles super politizadas) demuestran que no lo han conseguido.
- Su intento no va más allá de difuminar la conflictividad social, no la eliminan, sino que la invisibilizan.
Respecto a los “delitos” que ocurren en el barrio -mejor dicho, lo que la policía considera delitos, ya que no presta atención a otras acciones que transgreden la ley- hay que decir que la mayoría de ellos no son cometidos por vecin@s del barrio, sino por los visitantes que acuden al casco el fin de semana.
Otro apunte: los mecanismos que ejercen l@s vecin@s magrebís a los de su colectivo son muy fuertes.
Como aspecto positivo: por lo menos aquí en lo el Casco Viejo el sistema nos “deja” un poco en paz, podemos seguir construyendo en cierta manera nuestra cultura alternativa.

martes, 7 de julio de 2009

Antonio Carlos Nieto Galindo:
Quieren que cumpla perpetua en Francia después de 35 años a pulso en el Estado Español


Antonio Carlos Nieto Galindo, antiguo miembro de COPEL, alcanza en octubre el cumplimiento a pulso de 35 años en las cárceles del Estado español y el gobierno ya tiene decidido entregarle a Francia para que cumpla dos cadenas perpetuas más a las cuales fue condenado en rebeldía ilegalmente, pues a la justicia francesa le constaba que estaba preso en España y que, quisiera hacerlo o no, le era imposible presentarse al juicio.

Un caso especialmente grave de cadena perpetua con ensañamiento y desprecio de su propia legalidad en el que participan conjuntamente dos estados: el español y el francés.

ANTONIO CARLOS NIETO GALINDO cumple a pulso en los próximos meses 35 años en prisión, sin haber matado a nadie. Entre otras, está pagando numerosas condenas por delitos que no ha cometido. A día de hoy todavía lucha porque se realice una prueba antropométrica comparativa cuyos resultados puedan demostrar su inocencia en varios atracos.

Antonio ha sufrido tanto las torturas franquistas como las de la democracia. Fue un miembro destacado de la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), de lo cual guarda imborrables recuerdos en su cuerpo. Es un hombre de grandes valores y sobre todo es extraordinariamente fuerte, tanto como para mantenerse vivo y cuerdo después tanto sufrimiento.

A pesar de tantos años en prisión, tiene una familia a la que adora y que le apoya incondicionalmente: su esposa Ángela y sus 3 hijos, María de 22 años, Antonio de 10 años y Álvaro de 7 años.

Desde el año 2005, vive otra terrible injusticia. Francia le ha reclamó por varias condenas a cadena perpetua a las que la justicia francesa le había condenado en rebeldía, por delitos del año 1978. Dichas condenas fueron impuestas ilegalmente, con total fraude de Ley y abuso de Derecho, ya que según el Código de Procedimiento Penal francés, en su articulo 379-2, “se impondrá condena en rebeldía al acusado que no comparezca sin excusa valida a la apertura de juicio oral”, pero la policía y la Justicia francesas conocían su situación de preso en España desde febrero de 1979.

Sin embargo, la Justicia española, para quedar bien con los vecinos de Francia, ha acordado su entrega cuando acabe de cumplir los 35 años de prisión en España. Hace más de tres años que hay una abogada personada en la causa, Mme. Silvie Reulet, y no le dan traslado de los expedientes, porque, según le dicen en los Juzgados, “los expedientes son muy antiguos y no los encuentran, se han perdido.” Todo esto ha sido denunciado en reiteradas ocasiones en la Audiencia Nacional, en los Ministerios correspondientes, etc., pero no se obtienen respuestas y tampoco soluciones.

Con todas estas irregularidades e ilegalidades por parte de la Justicia francesa, son inevitables algunas preguntas: ¿Con qué garantías entrega nuestro país a Francia a Antonio C. Nieto Galindo si las condenas por que se le reclama han sido impuestas ilegalmente? ¿Cómo saber por qué se reclama a este hombre si su abogada no tiene acceso a los expedientes…? ¡¡porque se han perdido!!? ¿Cual es la seguridad que tiene España de que va a tener un juicio justo? ¿A quién le interesa y por qué que pase el resto de sus días en una prisión de Francia, en vez de pasarlos viendo crecer a sus hijos, después de pasar 35 años de prisión en España?

Contacto y más información:
A.C. 10, 30110 Cabezo de Torres (Murcia)
Por la verdadera Memoria Histórica, 30 años de 2 crímenes de Estado

Werner Mauss, Espinosa y cómo acabar con el PCE(r) y los GRAPO físicamente


Artículo de investigación. Erlantz Cantabrana Berrio. Escrito en junio 2007

Se repite cíclicamente. En estos últimos meses han vuelto a salir a relucir varias noticias sobre el espía y agente secreto alemán Werner Mauss, sus implicaciones en numerosos actos de guerra sucia a nivel internacional (en Colombia en los últimos años) y su papel clave para la realización devarios atentados parapoliciales contra la disidencia política española durante la falsa «Transición española». En torno a estas últimas informaciones, ya en 1996 y 1999 apareció el nombre de Mauss junto al de un agente español implicado en asesinatos durante la etapa de la segunda mitad de los setenta: José Luis Espinosa Pardo. Ni entonces ni ahora se citó una línea que hiciera referencia al trabajo más importante desarrollado por este grupo en aquellos años: el intento de acabar por todos los medios posibles con el PCE(r) y los GRAPO.

La historia se sitúa en 1977. José Luis Espinosa Pardo (Paco, Gustavo, o Germán) es infiltrado en círculos independentistas canarios. Primero, la inteligencia española, a órdenes de Cassiniello y de Calderón, con rangos de General y Teniente General, envía a Espinosa desde Argelia al Estado español, con la tapadera de reorganizar una federación de la UGT. Llegó a ser Secretario General de dicha organización en Murcia. De ahí, la estela de luchador y revolucionario le permite no levantar sospechas entre los independentistas del archipiélago. Paco Espinosa se hace hombre de entera confianza del máximo líder del MPAIAC, Antonio Cubillo. Espinosa es presentado en Argel al PCE(r) y a los GRAPO por Cubillo. Gustavo se entrevistó con uno de los máximos responsables de los GRAPO en aquella época, Francisco Brotons Beneyto. A éste se lo presentó en París el dirigente del PCE(r) Francisco Javier Martín Eizagirre.

De la entrevista se llegó al compromiso de que los GRAPO facilitarían al MPAIAC Goma-2 y que éstos por su parte transmitirían desde Argel artículos del PCE(r) y los comunicados de los GRAPO a través de Radio Canarias Libre, que contaba con el sostén del Frente de Liberación Argelino.

Llevado a cabo el acuerdo, la intención de los servicios secretos españoles era atraer a Cubillo al Estado español y por medio de alguna cita trampa detener a los dirigentes del MPAIAC, del PCE(r) y de los GRAPO. Pero Cubillo se negó a abandonar Argelia. Espinosa Pardo, mientras tanto, había montado una trampa para detener a los GRAPO, consistente en depositar un cargamento de armas en la costa levantina. Pero también esa trampa fracasó, por cautela de los GRAPO.

Fruto de la información preferencial que Espinosa consigue, la policía política, con un impresionante despliegue de medios, detiene en Benidorm, el 9 de octubre de 1977, al pleno del Comité Central del PCE(r). Posteriormente, en el profundo análisis e investigación que el PCE(r) realiza sobre estas importantísimas detenciones, llega a afirmar literalmente: «Cometimos un error de ingenuidad política cuando confiamos la seguridad de la dirección del Partido a organizaciones y personas que después nos traicionaron». Tras la caída de Benidorm, se enciende la alarma. En noviembre de ese 1977 viaja a Argel un enviado especial del PCE(r) para comunicar a Cubillo que dichas detenciones sólo podían venir por la labor de confidente de Espinosa Pardo. Cubillo, no sólo se negó a creer las explicaciones y datos del PCE(r), sino que encima acusó a los GRAPO de estar infiltrados por la policía y rompió todas las relaciones con ambas organizaciones.

EI 15 de febrero de 1978, se reúnen en Burdeos José Luis Espinosa, el coronel de inteligencia Manuel Valero, el adjunto al consulado de Burdeos Domingo Pereira y otros dos cargos más, de los que sólo se conocen sus nombres supuestos. Planean el asesinato de Antonio Cubillo en Argel. Ya no tienen «hilo directo» para conseguir más información de los GRAPO.

El 24 de marzo se traslada el dispositivo a Argelia con el consentimiento de los servicios secretos y la supervisión de Werner Mauss, agente secreto alemán, que hoy en día tiene 67 años y se presenta así mismo como "périto en criminología". Contratan a dos mercenarios, uno de ellos antiguo infiltrado en la organización armada española FRAP. El 5 de abril de 1978 se lleva a cabo el atentado. Cubillo resulta gravísimamente herido, con secuelas de por vida. La propia Argelia dio el dato de que en el dispositivo también participó el Cónsul español y luego embajador en Nicaragua, Baselga.

El 25 de mayo de 1978, el Comité Central del PCE(r) envió una carta al FNL de Argelia acusando al gobierno argelino de "estar utilizando los movimientos revolucionarios de su entorno como moneda de cambio en sus negociaciones con el gobierno español para la revisión del Acuerdo Tripartito sobre el Sahara". El coordinador de toda la operación, el corrupto coronel Ofman. jefe de los servicios secretos argelinos, fue destituido en 1980 para acallar las críticas y el escándalo.

Por su parte, Martín Eizagirre, rompiendo todas las trampas puestas por la inteligencia española, fue uno de los pocos máximos dirigentes del PCE(r) que consiguió seguir en activo; pero los servicios secretos, alertados por Gustavo, se lo hicieron pagar muy caro. El Batallón Vasco Español, con sus pistoleros a sueldo Mohamed Talbi y Jean Pierre Cherid, lo asesinaron en París el 28 de junio de 1979, y el día siguiente al también militante del PCE(r) Aurelio Fernández Cario. Semanas antes, Eizagirre había sido señalado, por el policía honorario y periodista Alfredo Semprún (hijo del policía-periodista del mismo nombre), en la revista Blanco y Negro, como «coordinador del terrorismo internacional y responsable de la compra de armas y depositario económico de los GRAPO». Así se completaba una rueda más del infernal engranaje denominado «Servicios Secretos», Hoy, veintiocho años después, siguen perfectamente engrasados y a punto.

Por cierto, Mauss presume en su propia página web, cuya última actualización data de agosto de 2006, de haber colaborado en el desmantelamiento de 100 organizaciones "criminales" y en la detención de 2000 personas. Le sale gallito al asegurar que parte de la RAF alemana y sectores del ELN colombiano han sido "aniquilados" gracias a su labor.

Datos:
-Diversos nº revista Bandera Roja (1977)
-Dossier "La verdad sobre las negociaciones Estado-PCE(r) y GRAPO (diciembre 1996), editados por el PCE(r)"
-Libro GRAPO, los hijos de Mao (1991), editado por Editorial Fundamentos
-Varios nº semanario Interviú
-Egin: Dossier guerra sucia (15 enero al 26 febrero 1995)
-Diario Egin (1 noviembre 1996)
-A La Calle, boletín antirrepresivo. Diciembre 1999

jueves, 2 de julio de 2009

Entrevista a Fina García Aranburu

Entrevista a JOSEFINA GARCÍA ARANBURU
EX-PRESA POLÍTICA por su militancia en el PCE (r) y en los GRAPO
- Cuéntanos un poco tus inicios como comunista, motivaciones y cómo fueron tus primeras experiencias como militante en el PCE (r).
- Empecé a militar con 16 años. Salvo que Franco nos estaba aplastando en todos los terrenos, entonces no tenía una mínima idea de casi nada. Sabía lo que no me gustaba, lo que odiaba, pero desconocía por completo la salida a esa situación. Contacté entonces con un grupo de chavales de mi barrio (un barrio madrileño) que estaban trabajando en la OMLE (organización que reconstruyó el PCE(r)), me empezaron a pasar propaganda, empezamos a reunirnos para discutirla y, poco a poco, fui asumiendo compromisos, hasta que empecé a militar activamente.
- ¿Qué supone la necesidad del paso a la clandestinidad por parte de un/a militante comunista, cómo se desarrolla la lucha diaria?
- Si de verdad queremos combatir al Estado capitalista, que cuenta con todos los medios represivos habidos y por haber; si de verdad queremos enfrentarnos a él hasta derrocarlo y cambiar la sociedad, tenemos que prepararnos en todos los terrenos, tenemos que preservarnos para combatir en las mejores condiciones. Nosotros no peleamos por una poltronilla; peleamos por acabar con el Estado e implantar la República Popular y el socialismo. Si pudiéramos hacerlo pacíficamente, lo haríamos; pero el enemigo no va a hacerse el harakiri; al revés, va a ir a por nosotros allá donde estemos: detenciones, tortura, encarcelamientos, asesinatos…
El paso a la clandestinidad es una decisión conscientemente asumida que, en muchos aspectos, cambia tu vida cotidiana: no ves a la familia ni a los amigos, asumes una identidad falsa… No obstante, la vida diaria debe ser lo más parecido a una vida normal; no hay que llamar la atención y, para eso, hay que comportarse como lo que somos: personas normales.
- Después de aquellas escandalosas condenas colectivas en Francia a miembros del PCE(r) como Manuel Pérez Martínez (Arenas) e Isabel Llaquet entre otros, se abre un sumario contra ti y varias personas más, que es el de la ilegalización; podrías contarnos un poco cómo fueron esas condenas.
- Nuestro sumario es el de la ilegalización -que ha sido posible gracias a la ya tristemente famosa Ley de Partidos-. Sin embargo, a nosotros nos detienen antes de que esta ley salga a la luz; es decir, nos la aplican con carácter retroactivo, una ilegalidad más entre todas las que ha habido en los juicios a militantes de mi Partido. Francia nos condena pero, además, los jueces gabachos abren el camino a los españolitos para lo que vino después: nos concedieron una extradición (a unos sí y a otros no, aunque todos con el mismo sumario y las mismas acusaciones) ilegal, pues no se puede procesar dos veces a una persona por la misma causa; airearon en nuestro juicio el auto de ilegalización del superestrella Garzón… Con todo, era tan escandaloso que a los militantes del Partido nos condenaron a 5 y 4 años (en España están condenando a 12 años). Hicieron el trabajo sucio y nos tuvieron casi 4 años esperando juicio. A partir de ahí, quien tenía que ventilar el asunto era la Audiencia NAZIonal.
- Durante 24 años tanto el Estado español como el Estado francés te han tenido en un continuo peregrinar de unas cárceles a otras, lo que te ocasionó graves enfermedades (sufridas en la cárcel sin apenas atención médica cabe añadir). ¿Cómo ha sido tu paso por las mismas, sobre todo teniendo en cuenta el generalizado régimen de aislamiento que sabemos sufren cientos de presos y presas políticos?
- Como la de la mayoría de los presos/as políticos/as. Primero viví la experiencia de la Comuna, algo “muy peligroso”, porque nos permitía estudiar, hacer trabajos manuales para no depender de nuestras familias, comunicar con más frecuencia (se organizaban autobuses)… Como digo, era muy peligroso, así que cortaron por lo sano y nos dispersaron, lo más alejados posible de nuestros familiares y amigos. Con suerte, alguna vez he coincidido con otra compañera, pero otras temporadas he estado sola. La cárcel, no se puede negar, es dura, pero si te organizas, si lees, estudias, haces algún trabajo manual… el día a día lo llevas bien, incluso os diría que bastante bien. Hay momentos de risas, de llantos, de rabia… Hay momentos dolorosos, como por ejemplo el que acaban de vivir los camaradas con la muerte de José Ortín, que estaba preso en Fontcalent y que falleció en marzo. Y también hay momentos alegres: cuando recibes las cartas que te retienen hasta un mes, cuando puedes recibir la visita de un amigo o de la familia… Represión hay mucha en las cárceles, pero hay todavía mucha más resistencia, de eso no os quepa la menor duda.
- Tras tu secuestro en España, comienza una gran campaña de solidaridad y exigiendo tu libertad, como presa política gravemente enferma, pero sobre todo por no tener causa alguna pendiente. A ella se unieron infinidad de personas y colectivos de varios países: ¿cómo se recibe la solidaridad desde las cárceles, atendiendo a las dificultades que os imponen para llegar a conocerla?
- Se recibe mucho menos de lo que en realidad es. De hecho, es un aspecto que intentan ocultar al máximo. Me acuerdo que yo les comentaba a las compañeras que estaban conmigo en Meco que tenía la impresión de que esa campaña estaba siendo muy importante, máxime teniendo en cuenta el momento político: con la Ley de Partidos en pleno vigor. Cuando conseguisteis arrancarme de sus garras gracias a vuestra solidaridad, pude comprobar que no me había equivocado; es más, la campaña había sido mucho más amplia de lo que yo había imaginado. Como os podéis suponer, eso es un motivo de orgullo para todos nosotros.
- Actualmente, ¿cómo se encuentra tu situación judicial?
- Desde hace algo más de un año, estoy en libertad provisional. Tengo que ir a firmar todas las semanas al juzgado. Ahora estamos esperando la decisión de la Sala de la Audiencia que nos tiene que juzgar. Los abogados presentaron un escrito solicitando la anulación del juicio por ser ya “cosa juzgada”; el lunes día 8 de junio decidieron. Y dependiendo de esa decisión, iremos o no a juicio. Y lo más importante ahora: Marcos Regueira salió en libertad. Es el único camarada de nuestro sumario en la misma situación que nosotros y que seguía en prisión. Lleva ya más de tres años secuestrado ilegalmente.
- Hoy en día las medidas de presión hacia personas y colectivos antifascistas se acrecientan, desde seguimientos, amenazas… hasta la imposición de una legislación que establece la libertad vigilada para los ex-presos políticos, ¿cómo se vive esto desde la condición de ex-preso político?
- Tengo el teléfono controlado, me vigilan constantemente, a veces hasta provocan… En parte es para amedrentarme, para asustarme y que piense que no puedo dar un paso porque en cualquier momento me vuelven a meter dentro. Personalmente, no hago caso. Llevo una vida normal, participo en movilizaciones y manifestaciones. Soy consciente de que me pueden volver a detener, pero tengo unas ideas y me parece justo y legítimo defenderlas. Y debo hacerlo.
- Somos conscientes de varios procesos contra diferentes movimientos y colectivos de carácter social y político, siendo en la actualidad especialmente criminalizados y perseguidos jóvenes con una clara responsabilidad antifascista. ¿A qué crees que es debido y cómo se debe responder?
- Está habiendo un aumento de la represión en todos los sectores, especialmente entre los obreros y los jóvenes antifascistas. Esto tiene que ver con la agudización de la crisis económica y el panorama tan negro que tienen los fascistas. Y esa va a seguir siendo la tendencia. Aunque el nivel de conciencia es aún bastante bajo, el régimen tiene miedo -y con razón- a los estallidos que empiezan a producirse y que se producirán cada vez más. ¿Cómo cortar esto? Ellos apuestan por la represión, por sembrar el pánico. Y cada uno de nosotros debe responder a este atropello. En mi opinión, hay una cuestión clave: resistir, no dejarse amedrentar, plantar cara y buscar la unidad con los obreros. Ellos están unidos. Nosotros no; esa es su fuerza y nuestra debilidad. Hay que cambiar esto, ¿no os parece?
- Asimismo, ¿cómo crees que se está desarrollando la labor de solidaridad y organización que merecen estos ataques, integrada en el Movimiento de Resistencia Antifascista?
- El movimiento de solidaridad, aunque débil -y no podía ser de otra manera dado el bajo nivel de conciencia al que he aludido antes-, puede decirse que goza de “buena salud”. La bandera de la defensa de los presos políticos se ha mantenido en alto a lo largo de todos estos años de la mal llamada democracia, dejando al descubierto una y otra vez la verdadera esencia fascista del régimen capitalista español. La represión también se ha cebado en este movimiento (y no sólo en Euskal Herria) y hoy, en las cárceles del Estado español, hay presos políticos por el simple hecho de solidarizarse con los presos políticos.
Yo no me canso de explicar que la lucha por la amnistía, por la libertad de los presos políticos forma parte de la lucha general contra el sistema, de la lucha por la República Popular y el socialismo. La lucha por las libertades políticas y sindicales plenas, por mejoras laborales y sindicales, por la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, por la disolución de la Audiencia Nazional y la derogación de la Ley de Partidos, por la recuperación y dignificación de la memoria histórica es una única lucha o, al menos, así debe ser. Y por ello debemos trabajar todos los que estamos empeñados en acabar con la explotación del hombre por el hombre.
Atención, una noticia buena e inesperada.

El preso político anarquista Joaquín Garcés, mientras era trasladado sin aviso hacia Valdemoro, le ha llegado la respuesta del recurso interpuesto por su abogado y ha sido puesto en libertad. En estos momentos se encuentra en Madrid, y los compañeros se han desplazado a buscarlo.


Por tanto, la convocatoria de la marcha a la cárcel de Castellón del Sábado día 4 de Julio, ha quedado anulada por causa mayor, la celebración de la libertad de nuestro compañero Joaquín Garcés.


La lucha continua porque todavía quedan muchos compañeros en prisión, pero esto nos tiene que llenar de ilusión, por el compromiso por la libertad y contra las instituciones totales de control.