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| Foto. Montejurra 1976. García Verde pistola en mano. |
Todo
atado y bien atado
1976:
doble asesinato en Montejurra
El 9 de mayo de 1976 el partido carlista convocó una romería, como era tradicional, en Montejurra, cerca de Estella, en Navarra, una especie de viacrucis tras el cual se oficiaba una misa en la cumbre. Los carlistas solicitaron permiso y el gobierno autorizó la celebración del acto.
Cuando a primera hora los carlistas llegaron al pie de la montaña, el lugar se había convertido en una encerrona. La prensa fascista, que entonces era toda la prensa, había publicado llamamientos a "reconquistar Montejurra". Aparecieron pintadas en las calles y José María de Areilza, ministro español de Asuntos Exteriores, le amenazó al embajador de Holanda en Madrid diciéndole que comunicara a su gobierno que no respondían de su seguridad personal si Carlos Hugo y su mujer, la princesa Irene, dirigentes del partido carlista, asistían al acto.
La intimidación y la coacción desde el gobierno forman parte de la fotografía de la transición. Por un lado, el gobierno autorizaba el acto y, por el otro, intimidaba y preparaba un operativo sangriento para contrarrestarlo. Hay un detalle que muestra el alcance del doble crimen y la manera minuciosa en que el Estado la preparó. El día del acto estaba previsto que la Vuelta Ciclista a España pasara por Estella, dentro de la XII etapa Pamplona-Logroño. Para evitar que hubiera miles de testigos ajenos a los hechos, ordenaron a los organizadores que cambiaran el itinerario, de manera que los ciclistas fueron desviados a Tafalla.
Desde el día anterior les estaban esperando con palos, piedras y pistolas. Algunos habían acampado en la cima. Nada más llegar mataron de un disparo a Aniano Jiménez Santos al inicio de la marcha y luego en el alto dispararon indiscriminadamente con una ametralladora, asesinando a Ricardo García Pellejero.
A pesar de su forma religiosa, la romería tenía un carácter político. Un mes antes el partido carlista se había incorporado a la Junta Democrática e invitaron a la romería a varias organizaciones antifascistas de aquella época: PCE, PSUC, PTE, ORT, MCE, PSP y PSOE.
El movimiento carlista lo tenía todo en contra. Como fieles católicos, los carlistas habían evolucionado con el Concilio Vaticano II y su foralismo se había reconvertido en la defensa de un Estado confederal. Su mera existencia era también un desafío a la apuesta dinástica de Franco para la transición, que era Juan Carlos. Finalmente, se había incorporado a la Junta Democrática, en la que participaba junto al PCE. De ahí que el partido carlista, junto con los republicanos y los comunistas, fuera uno de los 50 partidos que no pudieron concurrir a las elecciones de 1977. A fin de controlar la restauración monárquica en la figura de Juan Carlos, el SECED empezó a hostigar a los carlistas ya antes del nombramiento del sucesor de Franco. En diciembre de 1968 expulsaron a Javier de Borbón-Parma, el pretendiente Carlos Hugo, y a toda su familia. Al año siguiente el franquismo prohibió la romería de Montejurra y cerraron los locales carlistas. Unos meses después, Franco propuso a las Cortes el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como su sucesor.
Luego el SECED hizo con los carlistas lo mismo que con el PSOE: provocó una escisión. Mientras una parte, encabezada por Carlos Hugo, se alineaba con la oposición, la otra, seguidores de su hermano Sixto de Borbón, adoptó posiciones cada vez más reaccionarias. Para destruir a la primera, el franquismo promocionó artificialmente a la segunda.
El 9 de mayo de 1976 el partido carlista convocó una romería, como era tradicional, en Montejurra, cerca de Estella, en Navarra, una especie de viacrucis tras el cual se oficiaba una misa en la cumbre. Los carlistas solicitaron permiso y el gobierno autorizó la celebración del acto.
Cuando a primera hora los carlistas llegaron al pie de la montaña, el lugar se había convertido en una encerrona. La prensa fascista, que entonces era toda la prensa, había publicado llamamientos a "reconquistar Montejurra". Aparecieron pintadas en las calles y José María de Areilza, ministro español de Asuntos Exteriores, le amenazó al embajador de Holanda en Madrid diciéndole que comunicara a su gobierno que no respondían de su seguridad personal si Carlos Hugo y su mujer, la princesa Irene, dirigentes del partido carlista, asistían al acto.
La intimidación y la coacción desde el gobierno forman parte de la fotografía de la transición. Por un lado, el gobierno autorizaba el acto y, por el otro, intimidaba y preparaba un operativo sangriento para contrarrestarlo. Hay un detalle que muestra el alcance del doble crimen y la manera minuciosa en que el Estado la preparó. El día del acto estaba previsto que la Vuelta Ciclista a España pasara por Estella, dentro de la XII etapa Pamplona-Logroño. Para evitar que hubiera miles de testigos ajenos a los hechos, ordenaron a los organizadores que cambiaran el itinerario, de manera que los ciclistas fueron desviados a Tafalla.
Desde el día anterior les estaban esperando con palos, piedras y pistolas. Algunos habían acampado en la cima. Nada más llegar mataron de un disparo a Aniano Jiménez Santos al inicio de la marcha y luego en el alto dispararon indiscriminadamente con una ametralladora, asesinando a Ricardo García Pellejero.
A pesar de su forma religiosa, la romería tenía un carácter político. Un mes antes el partido carlista se había incorporado a la Junta Democrática e invitaron a la romería a varias organizaciones antifascistas de aquella época: PCE, PSUC, PTE, ORT, MCE, PSP y PSOE.
El movimiento carlista lo tenía todo en contra. Como fieles católicos, los carlistas habían evolucionado con el Concilio Vaticano II y su foralismo se había reconvertido en la defensa de un Estado confederal. Su mera existencia era también un desafío a la apuesta dinástica de Franco para la transición, que era Juan Carlos. Finalmente, se había incorporado a la Junta Democrática, en la que participaba junto al PCE. De ahí que el partido carlista, junto con los republicanos y los comunistas, fuera uno de los 50 partidos que no pudieron concurrir a las elecciones de 1977. A fin de controlar la restauración monárquica en la figura de Juan Carlos, el SECED empezó a hostigar a los carlistas ya antes del nombramiento del sucesor de Franco. En diciembre de 1968 expulsaron a Javier de Borbón-Parma, el pretendiente Carlos Hugo, y a toda su familia. Al año siguiente el franquismo prohibió la romería de Montejurra y cerraron los locales carlistas. Unos meses después, Franco propuso a las Cortes el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como su sucesor.
Luego el SECED hizo con los carlistas lo mismo que con el PSOE: provocó una escisión. Mientras una parte, encabezada por Carlos Hugo, se alineaba con la oposición, la otra, seguidores de su hermano Sixto de Borbón, adoptó posiciones cada vez más reaccionarias. Para destruir a la primera, el franquismo promocionó artificialmente a la segunda.
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| Portada El Alcazar Montejurra 1976. |
El
doble crimen formaba parte de la Operación Gladio, orquestada por la
OTAN en la posguerra para contener al movimiento obrero y
revolucionario en Europa. En 1976 la situación del régimen era
crítica. En marzo habían tenido lugar los sucesos de Vitoria, en
los que el gobierno había asesinado a cinco trabajadores.
El gobierno se propuso destruir por la fuerza la alianza de los carlistas con el PCE y otras organizaciones en la Junta Democrática. El general José Antonio Sáenz de Santa María, entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, reveló que ante la evolución del carlismo hacia la Junta Democrática, el Estado trató de escindir el movimiento creando una organización paralela alrededor de Sixto de Borbón, por medio del SECED. El operativo recibió el nombre en clave de "Operación Reconquista".
Para el operativo el SECED congregó a fascistas procedentes de varias organizaciones de aquella época, tanto españolas como internacionales: Comunión Tradicionalista, Guerrilleros de Cristo Rey, falangistas y Fuerza Nueva. Entre los figurantes incluyeron a guardias civiles vestidos con la boina roja y atuendos carlistas. Es destacable la participación de Unión Nacional Española, un partido de influencia carlista dirigido por el antiguo ministro franquista Fernández de la Mora que luego se integró en Alianza Popular, actual PP. El 5 de mayo el gobernador civil de Navarra, José Ruiz de Gordoa, cenó con Fernández de la Mora para perfilar los detalles de la operación. En Montejurra también estuvieron presentes otros dirigentes de Unión Nacional Española, como los hermanos Oriol Urquijo y Ramón Merino, así como Jose Arturo Márquez de Prado, que fue quien dio la orden de disparar.
Aparte de los franquistas autóctonos, para ejecutar la operación sobre el terreno el SECED llevó a más de 20 mercenarios, entre ellos el neofascista italiano Stefano Delle Chiaie y el mercenario francés de la OAS Jean Pierre Cherid. En el lugar de los hechos también estaba presente Rodolfo Eduardo Almirón, antiguo miembro de la Triple A argentina y, posteriormente, jefe de seguridad de Alianza Popular (Partido Popular) y guardaespaldas personal de Manuel Fraga durante varios años. También intervinieron otros fascistas, como Emilio Berra, El Chacal, José María Boccardo Alemán (argentino, miembro de la triple A), Juan Ramón Morales y Augusto Cauchi.
Gaetano Orlando confesó ante los jueces italianos que en Montejurra estaba presente un oficial militar italiano enviado para “coordinar la operación”. Orlando declaró también que la Guardia Civil descargó armas de una furgoneta para entregárselas al grupo fascista.
Según Sáenz de Santa María, el director de la Guardia Civil, el también general Ángel Campano, le manifestó que el plan había sido aprobado por el presidente del gobierno, Arias Navarro, y el ministro del Interior Manuel Fraga.
El doble asesinato se organizó en el despacho del general Ángel Campano, y en él participaron el general Salvador Bujanda, subdirector general de la guardia civil, el presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, el presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, Juan María de Araluce, y José Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Navarra.
Los gobernadores civiles nombrados por Fraga, el ministro del Interior, desempeñaron un importante papel en la encerrona, especialmente los de Navarra, Logroño, Zaragoza y Santander. El más activo fue el gobernador civil de Logroño. Reunió a los alcaldes y les habló de la necesidad de organizar autocares a Montejurra para la reconquista. A los participantes les pagaron los gastos de viajes, las dietas y bolsas con comida.
El gobierno se propuso destruir por la fuerza la alianza de los carlistas con el PCE y otras organizaciones en la Junta Democrática. El general José Antonio Sáenz de Santa María, entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, reveló que ante la evolución del carlismo hacia la Junta Democrática, el Estado trató de escindir el movimiento creando una organización paralela alrededor de Sixto de Borbón, por medio del SECED. El operativo recibió el nombre en clave de "Operación Reconquista".
Para el operativo el SECED congregó a fascistas procedentes de varias organizaciones de aquella época, tanto españolas como internacionales: Comunión Tradicionalista, Guerrilleros de Cristo Rey, falangistas y Fuerza Nueva. Entre los figurantes incluyeron a guardias civiles vestidos con la boina roja y atuendos carlistas. Es destacable la participación de Unión Nacional Española, un partido de influencia carlista dirigido por el antiguo ministro franquista Fernández de la Mora que luego se integró en Alianza Popular, actual PP. El 5 de mayo el gobernador civil de Navarra, José Ruiz de Gordoa, cenó con Fernández de la Mora para perfilar los detalles de la operación. En Montejurra también estuvieron presentes otros dirigentes de Unión Nacional Española, como los hermanos Oriol Urquijo y Ramón Merino, así como Jose Arturo Márquez de Prado, que fue quien dio la orden de disparar.
Aparte de los franquistas autóctonos, para ejecutar la operación sobre el terreno el SECED llevó a más de 20 mercenarios, entre ellos el neofascista italiano Stefano Delle Chiaie y el mercenario francés de la OAS Jean Pierre Cherid. En el lugar de los hechos también estaba presente Rodolfo Eduardo Almirón, antiguo miembro de la Triple A argentina y, posteriormente, jefe de seguridad de Alianza Popular (Partido Popular) y guardaespaldas personal de Manuel Fraga durante varios años. También intervinieron otros fascistas, como Emilio Berra, El Chacal, José María Boccardo Alemán (argentino, miembro de la triple A), Juan Ramón Morales y Augusto Cauchi.
Gaetano Orlando confesó ante los jueces italianos que en Montejurra estaba presente un oficial militar italiano enviado para “coordinar la operación”. Orlando declaró también que la Guardia Civil descargó armas de una furgoneta para entregárselas al grupo fascista.
Según Sáenz de Santa María, el director de la Guardia Civil, el también general Ángel Campano, le manifestó que el plan había sido aprobado por el presidente del gobierno, Arias Navarro, y el ministro del Interior Manuel Fraga.
El doble asesinato se organizó en el despacho del general Ángel Campano, y en él participaron el general Salvador Bujanda, subdirector general de la guardia civil, el presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, el presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, Juan María de Araluce, y José Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Navarra.
Los gobernadores civiles nombrados por Fraga, el ministro del Interior, desempeñaron un importante papel en la encerrona, especialmente los de Navarra, Logroño, Zaragoza y Santander. El más activo fue el gobernador civil de Logroño. Reunió a los alcaldes y les habló de la necesidad de organizar autocares a Montejurra para la reconquista. A los participantes les pagaron los gastos de viajes, las dietas y bolsas con comida.
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| Foto. Carlistas defendiéndose de los fascistas. |
La
financiación de la operación corrió a cargo, entre otros, de Oriol
Urquijo, que era carlista y miembro de la Unión Nacional Española.
También el franquista Valero Bermejo puso una parte del dinero. Los
seguidores de Sixto de Borbón necesitaron fondos para alquilar
autobuses, contratar a 100 jóvenes en Pamplona y para adquirir miles
de ejemplares del diario fascista "El
Alcázar" que se distribuyeron
durante la romería. Abrieron al menos dos cuentas corrientes
destinadas a correr con los gastos de la operación. En Vitoria había
una cuenta de cinco millones de pesetas destinada para gastos de
desplazamiento de Falange Española y de las JONS. En Logroño, la
cuenta era de siete millones. Los gobernadores de Logroño y otras
provincias, como Navarra y Alava, escribieron cartas a varios
alcaldes alusivas a los gastos de autobuses, dietas y comidas. Dichas
dietas oscilaban entre las 500 y las 2.000 pesetas. Los mercenarios
fueron pagados por agentes del SECED y por dirigentes de los
Guerrilleros de Cristo Rey que les habían contratado.
Unos días antes del doble asesinato, el gobernador civil de Navarra, José Ruiz de Gordoa, reservó 20 habitaciones en el hotel Iratxe de Estella, para que se alojaran Sixto de Borbón y su escolta. Dos días antes, el 5 de mayo, Sixto acudió a Estella y comió con el alcalde franquista de la localidad, Julio Ros.
Uno de los fallecidos, Aniano Jiménez, lo fue por los disparos de José Luis Marín García-Verde, un comandante retirado del Ejército y falangista onubense, conocido como el hombre de la gabardina. Junto a él se encontraba su primo Hermenegildo García Llorente. Ambos se desplazaron a Montejurra porque se lo pidió Márquez de Prado. En la cumbre fue también Márquez de Prado quien, empuñando una pistola, ordenó disparar.
Los disparos de ametralladora que provocaron la muerte de Ricardo García Pellejero e hirieron a varios carlistas en la cima del monte se hicieron con munición del Ejército. Los autores eran españoles, miembros de la Comunión Tradicionalista que habían acampado la noche anterior. El presidente de la Hermandad del Vía Crucis y el jefe regional del Partido Carlista denunciaron la acampada a la guardia civil, la cual no sólo no hizo nada sino que los detuvo hasta que terminaron los sucesos.
Los crímenes se ejecutaron en presencia y con la colaboración de la guardia civil y la policía, que no detuvo a los autores ni requisó las armas empleadas. Los guardias civiles vieron desde el principio la agresión al pie de Montejurra, afirmando luego que no habían actuado porque "cumplían órdenes". En la cumbre también había más de 100 antidisturbios con cascos, escudos y armas, que también se cruzaron de brazos.
Tras el doble crimen, el presidente del Consejo de Estado, Oriol Urquijo, se presentó en el hostal de Iratxe para telefonear al general Campano y decirle que la operación había sido un fracaso total y que era conveniente que Sixto de Borbón desapareciera.
Al principio nombraron un juez especial en Estella para instruir los asesinatos. Pero cuando el juez dictó una orden de búsqueda y captura de Sixto de Borbón, para evitar su captura y posterior declaración ante el juez, Fraga ordenó su expulsión y la policía le acompañó al aeropuerto de Barajas sin interrogarle. Luego la "investigación" cayó en las garras de Gómez Chaparro, juez fascista del Tribunal de Orden Público, que la cerró el 4 de enero de 1977 con el procesamiento de tres personas: Marín García-Verde, Márquez de Prado y Francisco Carrera. Los abogados de la acusación no lograron que testificara Fraga, ministro de la Gobernación, que el día de los asesinatos se encontraba en viaje oficial a Venezuela. Los once volúmenes del sumario 1847/76 se han extraviado en los archivos judiciales...
El gobierno de Arias Navarro encubrió el doble asesinato con la típica cortina de humo periodística: como dijo Fraga, el asunto era una pelea fratricida entre carlistas; el gobierno no tenía nada que ver con ello. Un año después acabaron de tapar el asunto con la aplicación de la amnistía.
Unos días antes del doble asesinato, el gobernador civil de Navarra, José Ruiz de Gordoa, reservó 20 habitaciones en el hotel Iratxe de Estella, para que se alojaran Sixto de Borbón y su escolta. Dos días antes, el 5 de mayo, Sixto acudió a Estella y comió con el alcalde franquista de la localidad, Julio Ros.
Uno de los fallecidos, Aniano Jiménez, lo fue por los disparos de José Luis Marín García-Verde, un comandante retirado del Ejército y falangista onubense, conocido como el hombre de la gabardina. Junto a él se encontraba su primo Hermenegildo García Llorente. Ambos se desplazaron a Montejurra porque se lo pidió Márquez de Prado. En la cumbre fue también Márquez de Prado quien, empuñando una pistola, ordenó disparar.
Los disparos de ametralladora que provocaron la muerte de Ricardo García Pellejero e hirieron a varios carlistas en la cima del monte se hicieron con munición del Ejército. Los autores eran españoles, miembros de la Comunión Tradicionalista que habían acampado la noche anterior. El presidente de la Hermandad del Vía Crucis y el jefe regional del Partido Carlista denunciaron la acampada a la guardia civil, la cual no sólo no hizo nada sino que los detuvo hasta que terminaron los sucesos.
Los crímenes se ejecutaron en presencia y con la colaboración de la guardia civil y la policía, que no detuvo a los autores ni requisó las armas empleadas. Los guardias civiles vieron desde el principio la agresión al pie de Montejurra, afirmando luego que no habían actuado porque "cumplían órdenes". En la cumbre también había más de 100 antidisturbios con cascos, escudos y armas, que también se cruzaron de brazos.
Tras el doble crimen, el presidente del Consejo de Estado, Oriol Urquijo, se presentó en el hostal de Iratxe para telefonear al general Campano y decirle que la operación había sido un fracaso total y que era conveniente que Sixto de Borbón desapareciera.
Al principio nombraron un juez especial en Estella para instruir los asesinatos. Pero cuando el juez dictó una orden de búsqueda y captura de Sixto de Borbón, para evitar su captura y posterior declaración ante el juez, Fraga ordenó su expulsión y la policía le acompañó al aeropuerto de Barajas sin interrogarle. Luego la "investigación" cayó en las garras de Gómez Chaparro, juez fascista del Tribunal de Orden Público, que la cerró el 4 de enero de 1977 con el procesamiento de tres personas: Marín García-Verde, Márquez de Prado y Francisco Carrera. Los abogados de la acusación no lograron que testificara Fraga, ministro de la Gobernación, que el día de los asesinatos se encontraba en viaje oficial a Venezuela. Los once volúmenes del sumario 1847/76 se han extraviado en los archivos judiciales...
El gobierno de Arias Navarro encubrió el doble asesinato con la típica cortina de humo periodística: como dijo Fraga, el asunto era una pelea fratricida entre carlistas; el gobierno no tenía nada que ver con ello. Un año después acabaron de tapar el asunto con la aplicación de la amnistía.
Pero
tres de los participantes se convirtieron en objetivos de las
acciones armadas. El primero fue Araluce, el presidente de la
Diputación de Guipúzcoa y miembro de Unión Nacional Española, que
fue tiroteado por ETA el 4 de octubre en Donostia. Luego le tocó el
turno a Oriol Urquijo, que fue secuestrado por los GRAPO en diciembre
en Madrid. El otro fue José María Arrizabalaga Arkotxa, Jefe de las
Juventudes Tradicionalistas de Vizcaya, a quien ETA mató a tiros en
diciembre de 1978 en Ondárroa (Vizcaya).
Más
información:
Libro Negro de Montejurra 76. Fraga y los crímenes de Montejurra
Libro Negro de Montejurra 76. Fraga y los crímenes de Montejurra
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